Pelea comercial con Brasil será tema en cumbre Lula-Cristina

De no solucionarse antes el conflicto comercial entre la Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva protagonizarán el 18 de noviembre una de las cumbres bilaterales más difíciles en la era Kirchner. Ese día, en Brasilia, los dos jefes de Estado se encontrarán en una reunión presidencial, programada originalmente para discutir contenidos diplomáticos y políticos lejanos a cualquier conflicto. Sin embargo, la situación comercial derivada de las trabas cruzadas a las importaciones y exportaciones de los dos países y la falta de optimismo de las partes para encontrar una salida anticipan la probabilidad cierta de que el conflicto sea el eje de la cumbre. Incluso el tema podría extenderse aún más en el tiempo y convertirse en el principal asunto de discusión en la próxima cumbre del Mercosur de la segunda semana de diciembre, en la que Uruguay será sede y Tabaré Vázquez anfitrión por última vez en este tipo de eventos regionales. Si bien ayer se pensó en un primer momento que las trabas para el ingreso de camiones locales hacia Brasil comenzaba a distenderse, rápidamente desde el Gobierno se entendió que se trató de una falsa alarma. Sucedió que a la madrugada empezaron a levantarse algunas restricciones para los vehículos argentinos frenados en Paso de los Libres, donde unos 500 camiones cargados de alimentos perecederos lograron los permisos para entrar en territorio brasileño. Sin embargo, el resto de las fronteras continuó con las mismas trabas, y hacia la tarde, nuevamente paso de los Libres volvió a cerrarse.

Desde el Gobierno brasileño, además, se blanqueó ayer la situación. El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Miguel Jorge, confirmó que su país reanudó la semana pasada la práctica de exigir licencias no automáticas para la importación de productos argentinos. Según el funcionario, la medida no es una represalia a las trabas vía licencias no automáticas adoptadas por la Argentina desde el año pasado para demorar la importación de alrededor de un centenar de productos brasileños, pero luego admitió que espera que las autoridades de Buenos Aires revisen esa política.

Jorge aseguró que la exigencia de licencias no automáticas, cuya tramitación requiere de un plazo de entre 30 y 60 días, no viola las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y declinó confirmar cuáles productos argentinos se verán afectados por la medida.

Políticas de castigo

Brasilia aclaró, además, que las trabas brasileñas no se deben exclusivamente a estas paraarancelarias, sino que responden más a la política de castigo a las compañías de ese país radicadas en la Argentina y que sólo pueden importar mercadería si exportan por la misma cantidad de dólares. Este «paquete productivo» tiene el copyright de Guillermo Moreno, y obviamente el aval de Néstor Kirchner, con lo cual se trata de una política inflexible, al menos por ahora.

La Argentina expresó ayer, además, su queja ante Brasil por entender que las trabas del Gobierno de Lula tienen condimentos políticos más que comerciales. La interpretación nace al considerar que las restricciones se aplican a productos perecederos, cuando las medidas argentinas afectan a todos productos que no tienen vencimiento. Además, aseguran desde Buenos Aires funcionarios del Gobierno nacional que hay un estudio específico en cuanto a los productos a los que se les impide el ingreso a Brasil, ya que se concentran en alimentos y bebidas importantes para las economías regionales, lo que le generaría al Ejecutivo local problemas directos con los gobernadores de provincias clave como Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. En todos los casos, los efectos económicos no serían tan altos para el comercio bilateral (no llegarían a los u$s 200 millones anuales en exportaciones), pero sí serían clave para algunas ciudades y pueblos de esas provincias. En las últimas horas, el canciller argentino Jorge Taiana habló largamente de estos problemas con los gobernadores y senadores de las regiones afectadas.

Desde Buenos Aires hay otra interpretación política más. Se especula que la sanción de la ley que protege la producción electrónica en Tierra del Fuego, y que generará una zona similar a Manaos (al menos eso es lo que cree el Gobierno), podría tener que ver con las restricciones aplicadas desde Brasilia.

El embajador del país vecino en Buenos Aires, Mauro Vieira, había reclamado puntualmente que si desde la Argentina insistía en aplicar estas restricciones, se dejara a las compañías de capitales de ese país fuera del alcance de la medida. Sin embargo, desde el Ministerio de Industria de Débora Giorgi se dejó claro que eso resulta imposible.

En su reunión con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Alfredo Chiaradía, Vieira había advertido sobre «la inconveniencia de que se perpetúen indefinidamente mecanismos de control de importaciones, que pueden generar una desviación de comercio hacia terceros países y entorpecer el flujo comercial bilateral».

Fuente: ambito financiero

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