La otra cara de la moneda: ¿cuántos empleados sienten temor por el cerrojo oficial a productos importados?

Toda nueva medida del Gobierno genera ganadores y perdedores. La guerra que el Ejecutivo le declaró a los artículos del exterior favorece a representantes del Made in Argentina. Pero también perjudica a miles de firmas importadoras que emplean mucho personal y ahora temen por su futuro. Radiografía

Finalmente, en medio de la polémica que desató la nueva estrategia proteccionista impulsada desde el Gobierno -que busca proteger la mano de obra nacional y evitar un desplome del superávit comercial- el miércoles pasado hicieron su debut las nuevas licencias no automáticas.

Este régimen implica una lisa y llana “declaración de guerra” a lo que el Ejecutivo considera el gran enemigo del modelo K: las importaciones. Más precisamente, a aquellas representadas por los autos de alta gama, productos tecnológicos listos para el consumo y por los miles de contenedores que, mes a mes, se agolpan en los puertos nacionales y que, en general, están cargados con artículos “made in Asia”.

Sin embargo, frente a la ola de críticas desatadas por la ampliación de las nuevas barreras, el Ministerio de Industria se vio obligado a instrumentar, paralelamente, un nuevo régimen de excepción.

Si bien la flamante resolución no las elimina -las licencias no automáticas siguen siendo cerca de 600-, sí permite que las mismas sean administradas con mayor flexibilidad. 

Pero, a pesar de esta “corrección“, las nuevas excepciones lejos están de implicar un cambio de timón en la avanzada proteccionista del Gobierno, dado que únicamente buscarán evitar la escasez de componentes claves para abastecer líneas de producción o montaje de aquellas ramas de actividad fuertemente apoyadas por las políticas oficiales, como es el caso de la automotriz.

De este modo, el resto de las importaciones, ya sea de artículos de consumo final como de maquinaria, deberá seguir el lento derrotero burocrático en la Aduana.

En este contexo, el gerente de una de las multinacionales del rubro indumentaria deportiva más importantes del país se quejó de que “los cambios fueron leves. Aquél importador que quiera ingresar un bien de consumo final deberá seguir padeciendo demoras y todo tipo de complicaciones. El mercado sigue siendo muy cerrado y, en definitiva, el que sale perdiendo es el consumidor, porque deberá pagar los productos más caros”.

Los números de la polémica
Según estimaciones del sector importador, hacia fines de 2010 las medidas aplicadas por el Gobierno para combatir el ingreso de productos del exterior afectaban de manera directa a unas 6.800 empresas.

Sin embargo, este número quedó “viejo”: considerando el “megapaquete” de licencias que comenzaron a funcionar desde el miércoles pasado y que incrementaron en un 50% las medidas vigentes, el universo de compañías que se ven impactadas negativamente por el nuevo corralito oficial ya trepa a cerca de 10.000.

Paralelamente, cada una de las 600 licencias, a contramano de la creencia generalizada, no equivalen al mismo número de “productos”, sino que se trata de conjuntos de diferentes artículos.

Esto implica que, en general, las mismas afecten a más de un bien.

Según Raúl Ochoa, ex subsecretario de Comercio Internacional, “hay enormes variaciones entre una licencia y otra. En algunas pueden figurar un par de productos, mientras que otras alcanzan a cientos. Para comprender esta dispersión un buen ejemplo es el del vino: en el nomenclador puede figurar como una bebida con alcohol en un envase de menos de un litro, pero en la práctica, como sabemos, hay decenas de variedades, ya que pueden ser blancos, tintos, espumante y, además, son elaborados con diferentes uvas. Esto mismo pasa con los tornillos, calzados, celulares y todo tipo de bienes”.

De este modo, según el experto, el paquete de medidas proteccionistas “hoy está alcanzando a un universo total de entre 3.500 y 4.000 productos“.

Es así como, en la actualidad, cada una de las licencias aplicadas por el Ministerio de Industria afecta, en promedio, a cerca de seis artículos importados y perjudica -también en promedio- a unas 17 empresas.

Sin embargo, según Ochoa, el dato a destacar es que, considerando que en la Argentina hay unas 20.000 compañías importadoras, este régimen ya estaría impactando prácticamente a la mitad de ellas.

Otro dato clave es que la totalidad de las firmas dan trabajo en la actualidad a cerca de un millón y medio de personas.

De este modo, los expertos aseguran que, con esta serie de medidas proteccionistas, se están viendo alcanzadas las operaciones de compañías que dan empleo a cerca de 750.000.

Cabe destacar que si bien hay importadores que operan con una simple oficina, un teléfono y muy poco personal, también se encuentran los “gigantes” del sector, como puede ser el caso de Cencosud, que en general importa productos para el hogar desde distintos países asiáticos y, sólo con sus locales de Easy, da trabajo a unas 6.400 personas.

¿Empresas leales o desleales?
Frente a la avalancha de medidas proteccionistas, la ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó recientemente que “estamos defendiendo nuestro mercado interno de la competencia desleal. No podemos permitir daños a la industria nacional que impliquen el deterioro de las condiciones laborales de nuestros trabajadores”.

Frente a esto, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA) no ocultó su malestar: “Cuando desde el Gobierno dicen este tipo de cosas se está acusando a empresas que no operan deslealmente. De hecho, la inmensa mayoría de los productos que se ven alcanzados por las licencias ingresan en condiciones totalmente legítimas”.

“Los casos de dumping o de fraude marcario deben ser denunciados, nosotros somos los primeros en hacerlo, pero meter a todas las compañías dentro de la misma bolsa es una exageración. Si se importa deslealmente que se de nombre y apellido y no que se haga esto de dejar flotando la idea de que todos los importadores son competidores desleales. No es justo cuando en realidad éstos son un porcentaje mínimo”, disparó el directivo.

Una guerra contra los contenedores
Con el “operativo cerrojo” en marcha, son varios los sectores donde la preocupación está a la orden del día.

Sucede que, además de las largas demoras que ya se están registrando para poder importar un producto y retirarlo del puerto por la burocracia de las licencias, se suma la exigencia oficial de que en varios sectores presenten un plan para reducir las importaciones en un rango que va del 20% al 30% con respecto a 2010.

En los últimos días se conocieron los problemas que afectan al sector automotriz, que actualmente tiene demorados 3.000 vehículos en la Aduana. Sin embargo, no son los únicos: el Gobierno también está apuntando contra los comercializadores de maquinaria agrícola, calzado, indumentaria y juguetes.

En este último caso, las medidas del Ejecutivo impactan en unas 280 compañías.

Fuentes del sector, que pidieron estricto off the record, indicaron a iProfesional.com que “la situación para las empresas se está agravando. El mensaje que nos transmitieron desde la Secretaría de Industria es que este año tenemos que importar, en volúmenes, un 30% menos que en 2010“.

“Lo grave es que la industria nacional está trabajando al tope. Ya directamente no hay capacidad ociosa y están al 100%. Esto generó que los plazos de entrega se hayan extendido y la oferta disponible, en algunos casos, no llegue a cubrir la demanda“, alertó el directivo, quien agregó que “la industria local sólo está en condiciones de cubrir el 40% del mercado. Todo el resto tiene que venir de afuera, pero en lugar de eso están optando por frenar las importaciones”, con el consecuente aumento de precios.

En el rubro calzado e indumentaria se estima que hay más de 500 firmas alcanzadas por el “corralito“. Algunas son “importadoras puras”, pero hay otras que fabrican y completan su portfolio con productos del exterior.

Fuentes de una multinacional que todos los años organiza un clásico maratón por los bosques de Palermo, alertó a este medio que “se está viendo un tratamiento mucho más duro hacia los productos hechos en Asia. Los plazos para que nos aprueben las licencias no automáticas exceden largamente los 60 días. En algunos casos estamos en los 4 meses de demora“.

Sin embargo, alertó que “existen empresas que están obligadas a esperar más de seis meses por la licencia y, en algunos casos, como el estiramiento de los tiempos atenta contra la planificación de la temporada, no les queda otra que desistir y dejar caer la importación”.

El directivo de la multinacional aseguró que “a nosotros y a compañías de la competencia ya nos comunicaron desde el Gobierno que pretenden una baja en las importaciones del 20%. Y si vemos los números de los primeros meses del año observamos que ya estamos en esa línea”.

Las demoras también afectan a las automotrices: no solamente por el ya clásico y polémico corralito que mantiene más de 3.000 vehículos varados en el puerto de Zárate, sino porque estas empresas, que comercializan vehículos de altas prestaciones, están teniendo nuevamente inconvenientes para traer repuestos y neumáticos.

“El Gobierno nos está complicando mucho con la importación de este insumo clave. Lo grave es que, por las diferencias en el rodado, éstos no se fabrican en el país. Así que, además de los problemas para comercializar autos en el mercado local, ahora se suma que no podemos contar con neumáticos, algo que termina perjudicando al cliente”, dispararon a este medio desde una de las más prestigiosas marcas europeas.

Sin embargo, no todos los artículos que el Gobierno está frenando mediante la aplicación de licencias no automáticas son bienes de consumo.

Los bienes de capital, a pesar de ser claves para llevar adelante proceso industriales y facilitar la sustitución de importaciones, paradójicamente no fueron incluidos en el nuevo régimen de excepción.

De este modo, fuentes de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción (CARMAHE) destacaron que la totalidad de las empresas vinculadas a la entidad están alcanzadas por al menos una licencia no automática.

El dato clave es que, en el mercado argentino, el 90% de los bienes de capital que se venden están fabricados en el exterior, mientras que sólo el 10% restante es de origen nacional. De este modo, en un contexto donde numerosos rubros industriales están trabajando casi a tope, este “corralito” podría implicar una trampa para el “Made in Argentina“.

“Las demoras que sufren nuestras empresas ya vienen desde hace tiempo. En muchos casos tienen que esperar más de 90 días para obtener el permiso“, se lamentaron desde la cámara.

Las medidas de la discordia
Cabe destacar que en la actualidad las licencias no automáticas fijan trámites burocráticos extra para casi 600 líneas de productos.

De esta manera, el Ejecutivo busca desalentar su ingreso al país y forzar el proceso de sustitución de importaciones, un objetivo que desde hace años desvela a los funcionarios nacionales.

El problema es que, tal como viene informando iProfesional.com, la Organización Mundial del Comercio sólo permite que se apliquen para monitorear los flujos comerciales y únicamente en casos excepcionales. Además, establece que el plazo, desde que son solicitadas hasta su autorización, nunca deberá superar los 60 días.

A pesar de esto, el Gobierno impuso sus propias reglas: comenzó a utilizarlas como parte de un mecanismo generalizado y, en varios casos, las demoras superan los 180 días, con lo cual, más que un régimen de monitoreo, se transformó en una verdadera trampa para los importadores.

En las próximas semanas, cuando el Gobierno comience a implementar los regímenes de excepción que se habilitaron con la resolución del miércoles, el número de empresas afectadas de manera directa por las licencias no automáticas tendería a reducirse, dado que las industrias que requieren partes y piezas del exterior contarán con una suerte de waiver, siempre y cuando puedan demostrar que el producto que necesitan importar no se fabrica en el país o es imposible su reemplazo.

Sin embargo, el enorme listado de licencias que siguen y seguirán alcanzando a los bienes de consumo -alertan desde la CIRA-, no sólo perjudicarán a las empresas, sino que también terminarán afectando al consumidor.

“Lo que siempre terminan generando las restricciones es que haya menos variedad de productos y precios más altos“, se lamentó Santisteban.

Fuente: Infobae profesional

Por Juan Diego Wasilevsky

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