Qué hay detrás del aumento del arancel a los bienes de capital

Un acto de disciplina comercial, o señal que marca un retorno a la senda del Mercosur. Un gesto hacia los socios comerciales del bloque, o un anuncio disfrazado de medida nacional e independiente de todo.

Se lo mire por donde se lo mire, la importación de bienes de capital en la Argentina será gravada con un arancel del 14% para aquellos que se produzcan en el país, y del 2% para los que no tengan competencia nacional. En sí, el anuncio de la Presidenta pareció una política autónoma. Pero en la realidad, el “aumento del arancel” corresponde a la eliminación de una excepción al arancel externo común (AEC) del Mercosur (waiver) a partir del 1° de julio.

“No es algo nuevo, sino volver al AEC del que la Argentina se había apartado”, indicó Martín Clément, gerente general del estudio Clément. “Hace un tiempo Industria sacó una norma que creaba una comisión de evaluación de partes y máquinas nacionales para discriminar qué necesitaba ser importado, con una una convocatoria abierta a los interesados”, explicó.

Es a partir de los resultados que arrojó el Registro de Bienes de Capital no producidos en el país (que se comenzó a elaborar en febrero último a partir de la resolución general 9

12 de la Secretaría de Industria) que se aplicará el 14 y 2 por ciento de arancel a los bienes de capital producidos y no producidos en el país, respectivamente.

Según la consultora abeceb.com, “las importaciones de bienes de capital representaron en 2011 el 12% de las importaciones totales alcanzando los US$ 9018 millones. Sobre este total aproximadamente US$ 4369 millones (48%) correspondieron a la compra de productos alcanzados por el waiver”. En términos fiscales, la eliminación de la excepción al AEC representaría ingresos por US$ 611 millones.

Al mismo tiempo, se anunció que los fabricantes locales de bienes de capital continuarán percibiendo el “bono fiscal” hasta fines de año. Este bono (14% computable al pago de otros impuestos), vencía el 30 del actual y la intención del Ministerio de Industria era la de reemplazarlo por un mecanismo de financiamiento con fondos provenientes del ahorro fiscal “generado con la derogación del bono y con el 50% de recaudación proveniente de la elevación de los tipos de importación”, explicó abeceb.com.

“Evidentemente, la situación fiscal en general no permitió armar el plan [de financiamiento] con la facilidad que se pensaba, y se ven obligados a seguir con el bono”, sugirió Raúl Ochoa, académico en comercio exterior de la Fundación Standard Bank.

“La dificultad en torno a la eliminación del bono fiscal se relaciona con el impacto negativo que la medida tendría sobre la competitividad de los productores locales en un momento en el cual su situación se ha vuelto más vulnerable de cara a la apreciación del tipo de cambio real. En este sentido, una medida de este tipo, hubiese sido menos inconveniente varios años antes cuando la industria local poseía un margen de protección superior de la mano de una mayor competitividad cambiaria”, advierten desde abeceb.com.

¿A partir de cuándo, entonces, se debe comenzar a abonar? “Es probable que todas las destinaciones aduaneras que sean oficializadas luego de la publicación del decreto modificatorio tengan que tributar las nuevas alícuotas, por lo que resulta aconsejable la agilización de los procesos de importación ya iniciados que tengan que ver con estas mercaderías para que a más tardar el 1º de julio la mercadería y demás requisitos (DJAI, LAPI) se encuentren en orden para oficializar el despacho”, destacó Clément.

“La medida no se puede criticar. Hicieron lo que Brasil dijo”, aseguró Horacio Alais, abogado especializado en derecho aduanero del Estudio Alais & de Palacios. ”

No obstante, para Marcelo Elizondo, ex director ejecutivo de la Fundación ExportAr, y actual titular de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), con ésta decisión “continúa el proceso de cerrazón de la economía argentina”.

Para Elizondo, el flujo del comercio global en relación con el PBI es cada vez más chico desde hace cinco años. “La economía venía trabajando con el 85% de capacidad instalada ocupada. Es relativa la discriminación entre los bienes que se fabrican en el país y los que no, porque la producción local no tiene capacidad para hacer más”, agregó.

“Los bienes de capital se vinculan con la inversión -continuó- y la Argentina tiene en riesgo su tasa de inversión, que ronda el 20% del PBI. Por el otro lado, la inversión es mayormente pública, no privada; también hay mucha inversión inmobiliaria, no reproductiva. El grueso de la inversión no está asociado al incremento de la capacidad reproductiva. Un aumento de aranceles afecta la inversión, y limita la calificación de la producción doméstica y la capacidad de que ésta crezca. La Argentina no incrementa su producción, y genera más inflación al cerrar su economía”, concluyó Elizondo.

EL RELATO DE LA PROTECCIÓN

A propósito, otro especialista en comercio exterior y temas del Mercosur, Carlos Canta Yoy, señaló en su boletín informativo Cenra XXI, que “desde el comienzo de la adopción de estas medidas restrictivas a la importación se sabía que no era cierto el motivo aducido de proteger el trabajo nacional. Más bien, por el contrario, lo que deseaba protegerse eran las reservas en dólares del Estado”.

“El resultado está a la vista: suspensión de trabajadores, licencias anticipadas, despidos, falta de oportunidades de nuevos trabajo para los desempleados, caída de la producción. Estudios privados han concluido en que el 57% de las pymes están afectadas por el virtual cierre y los grandes obstáculos interpuestos a las importaciones, aún de aquellos insumos imprescindibles para la producción o para la salud, entre tantos otros”, agregó.

“Sólo un 12% de las pymes -continuó- admitió que se había beneficiado con las medidas al interponerse barreras que le permiten no tener competencia para la venta de sus productos en el mercado interno”.

A pesar de esto, cámaras empresarias como la Asociación de Pequeñas y Micro Empresas (Apyme) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) celebraron el anuncio oficial.

“Estas medidas que apuntan a proteger el trabajo y la industria nacional, neutralizando la competencia desleal frente a la oferta de países de extrazona y sosteniendo la competitividad del sector”, dijo Apyme en un comunicado, en el que agrega que “se debe trabajar en otras acciones que aporten a sostener el empleo, como reformar las políticas tributarias que se aplican de forma similar tanto a las grandes multinacionales como a las pequeñas empresas, sin tener en cuenta las diferencias que existen entre unas y otras”.

Por su parte, Juan Carlos Lascurain, presidente de Adimra, suscribió el tono del anuncio y en un comunicado oficial subrayó: “Una vez más, se manifiesta claramente la decisión política de sostener el proceso de industrialización que se inició en Argentina a partir de 2003, en un contexto internacional altamente complejo, que genera fuertes condicionamientos al desarrollo de las fuerzas productivas locales”.

A su vez, el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, recordó que resta elaborar, en el seno del Mercosur, un registro de bienes de capital fabricados en la región. “Falta armar esa lista común”, indicó.

“Presentamos como cámara, con otras cámaras e incluso con empresas una lista de bienes que no se producen localmente. Pero era en tiempos de Eduardo Bianchi [ex secretario de Industria, que renunció a principios de abril], y no pudimos ver después cómo avanzaron, aunque el equipo es el mismo”, señaló.

Con ese listado, luego, habrá que sentarse con Brasil (con el resto de los países del Mercosur) porque habrá una gran cantidad de bienes de capital que el principal socio del bloque no querrá que tenga el 2% porque, o bien lo fabrica, o bien está en condiciones de hacerlo.

¿Qué aceleró esta decisión? “Más que un súbito interés en apoyar el Mercosur, está más alineado a la política de des-subsidiar la economía”, concluyó Pérez Santisteban.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en realidad, lo presentó como una “medida de política activa industrial”, instrumentada porque resulta “imperioso sostener las políticas fuertemente contracíclicas y acentuarlas”, dadas las circunstancias “no de la Argentina, sino del mundo”.

El relato oficial sostiene, entonces, que la crisis mundial generará excedentes exportables por debajo del costo vulnerando así a la industria nacional. Por esta razón, se “decide” aumentar los aranceles a la importación de bienes de capital.

En realidad, se vuelve atrás con la excepción al AEC, que es del 14%, y que es lo que paga todo importador brasileño, paraguayo y uruguayo. Por más de 10 años, el industrial argentino que los importaba pagó arancel cero.

RECORRIDO

  • >Resolución 8/2001. Es la norma que dio origen al actual régimen de incentivos para la importación y producción de bienes de capital.
  • >Waiver. Estableció una excepción al arancel externo común del Mercosur para un grupo de bienes de capital, que pasaron a tener arancel cero.
  • >Compensación. Esta excepción desprotegía la industria nacional de bienes de capital. Por eso, en paralelo, se instrumentó un régimen compensatorio.
  • >Decreto 379/2001. Creó el beneficio del bono fiscal para el pago de otros impuestos. Se calcula como el 14% sobre ventas locales neto del costo de insumos importados al 0%.
  • >Febrero de 2012. El Gobierno anunció el final del bono fiscal y su reemplazo por líneas de financiamiento alternativas.
  • >Resolución 9/12. La Secretaría de Industria dicta la norma apoyada en la decisión 34/03 del Consejo del Mercado Común del Mercosur, que preveía un régimen común de importación de bienes de capital.
  • >Decisión 34/03. El Mercosur dispuso en esta norma la confección de dos listas: una nacional, con arancel del 2%,y una común con arancel cero.
  • >Punto final. La norma del bloque establecía además el fin de los regímenes nacionales de excepción: waiver (Argentina) y extra-tarifarios (Brasil).

Fuente: web de CIRA

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