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UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

noviembre 19, 2014
Se crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior con el objeto de verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país conjuntamente con el ingreso y el egreso de divisas.

 

PODER EJECUTIVO NACIONAL

Decreto N° 2103/2014

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2014.

VISTO lo solicitado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer un sistema de trazabilidad y seguimiento de las operaciones de comercio exterior a los efectos de asegurar la estabilidad macroeconómica.

Que para el desarrollo del mismo es preciso instrumentar un mecanismo que permita la participación de diferentes áreas del gobierno en el proceso de verificación de las operaciones de comercio exterior tanto de importaciones como de exportaciones.

Que dicha necesidad tiene su origen en el incremento de la magnitud del comercio exterior dado que éste ha crecido sistemáticamente en el período 2003-2013, alcanzando en el año 2011 un monto aproximado de CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE DOLARES (u$s 150.000.000.000) de acuerdo a los datos suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que las empresas multinacionales participan en aproximadamente el SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) del comercio exterior argentino.

Que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ha detectado diferentes casos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y precios de transferencia que disminuyen el monto de impuestos a pagar en la REPUBLICA ARGENTINA promoviendo al mismo tiempo sistemas encubiertos de transferencias de divisas afectando de este modo la calidad de vida del pueblo argentino mediante maniobras delictivas.

Que una operación de subfacturación de exportaciones implica establecer un monto total de facturación de las mismas por debajo de su precio real impactando en menor rentabilidad y reducción de los tributos a pagar en nuestra jurisdicción y violando la ley penal cambiaria logrando de este modo apropiarse de la divisa en una cuenta del exterior e ingresando un menor monto al país. Ello repercute negativamente en la economía generando: menor cantidad de divisas ingresadas, tributos determinados y pagados por menor valor y alteración de la cadena de valor.

Que una operación de sobrefacturación de importaciones implica que los bienes importados son valuados por encima del valor real con el objeto de transferir más divisas al exterior y lograr un impacto negativo en los resultados de la empresa a los efectos de evadir el impuesto a las ganancias en el país.

Que los precios de transferencia manipulados entre empresas vinculadas permiten efectuar remisiones ilegales de utilidades o afectar el pago de tributos localmente, perjudicando a todo el pueblo argentino.

Que, a tales fines resulta necesario, crear en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS una UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, que tendrá como cometido organizar un sistema de seguimiento y verificación de las transacciones del comercio exterior argentino, la que estará conformada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, o el funcionario que éste designe en su reemplazo, y por representantes de las siguientes áreas: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD y de la SECRETARIA DE COMERCIO; la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) con la participación de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL; el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) a través de la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS; la COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV); la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION; la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) y la PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS (PROCELAC).

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR con el objeto de verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país conjuntamente con el ingreso y el egreso de divisas.

Art. 2° — La Unidad establecida en el artículo anterior estará conformada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, quien la presidirá, o el funcionario que éste designe en su reemplazo y por representantes de las siguientes áreas: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD y de la SECRETARIA DE COMERCIO; la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) con la participación de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL; el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) a través de la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS; la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION; la COMISION NACIONAL DE VALORES y la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF). Asimismo, invítase a la PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS (PROCELAC), a integrar la citada Unidad.

Art. 3° — La UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR desarrollará las siguientes tareas:

a) Efectuar el monitoreo de las operaciones de comercio exterior, procurando su seguimiento y trazabilidad.

b) Coordinar el acceso, por parte de los organismos competentes, de los reportes de las operaciones de comercio exterior a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales exigidos por la normativa vigente.

c) Efectuar el seguimiento de los ajustes y denuncias formuladas por los organismos de control relacionadas con las operaciones de comercio exterior.

d) Solicitar y brindar información a otras jurisdicciones sobre los temas de competencia de la Unidad.

Art. 4° — Facúltase a la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR a dictar su Reglamento Interno de Funcionamiento.

Art. 5° — Las áreas integrantes de la referida UNIDAD suministrarán el apoyo material y de recursos humanos necesarios para el eficaz cumplimiento de su cometido.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Débora A. Giorgi.

Exigen más datos a las empresas importadoras

noviembre 19, 2014

Pide conocer a los accionistas, la cantidad de empleados y otros números

Por Francisco Jueguen  | LA NACION

“Indique el porcentaje de capital extranjero sobre el capital total de la empresa; la firma, ¿pertenece a un grupo empresario?; especifique la cantidad de empleados registrados desde 2011 y cuál será su evolución hasta 2015.”

En un contexto de escasez de dólares, trabas a las importaciones y de mayor presión sobre las compañías que operan con divisas, esos requerimientos son sólo un ejemplo de la amplia información que el Gobierno les está exigiendo a todos los operadores del comercio exterior que deseen importar o exportar durante el año próximo.

La Secretaría de Comercio, que conduce Augusto Costa, ya no sólo demanda las proyecciones anuales en dólares de exportaciones e importaciones, sino que ahora requiere prácticamente un ADN de las empresas del sector.

El formulario, llamado “Plan de inversión, empleo, producción y comercio exterior”, al que accedió LA NACION, y que se deberá entregar antes de fines de mes, reclama información a las compañías sobre ventas, financiación, proyectos de inversión y perfil de la compañía y de la plantilla laboral, entre otros detalles novedosos.

Las renovadas exigencias oficiales se dan en momentos en que aumenta la presión estatal sobre las empresas. Anteayer, el Gobierno anunció la creación de la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, que se encargará de denunciar las operaciones de subfacturaciones y sobrefacturaciones.

“Lo más notorio es que se pretende la identificación del nivel de vinculación que tiene la empresa”, afirmó Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA).

En el sector estiman que los nuevos pedidos de información que reclama Comercio están en consonancia con las multas a Procter & Gamble, la sentencia favorable que la AFIP logró en la Justicia contra la multinacional exportadora que no liquidó sus divisas y la presión sobre las casas de cambio.

“Si pertenece a un grupo empresario deberá completar un plan de inversión con la información de cada empresa del grupo”, afirma como novedad la planilla oficial. Además, entre las nuevas demandas de información aparece la pregunta sobre el peso del capital extranjero en la empresa, la evolución de la plantilla laboral desde 2011 y su proyección a 2015, y si la empresa pertenece a un grupo empresario.

En la solapa en la que se exige un detalle de los proyectos de inversión de la empresa se requiere como novedad información sobre el “impacto de la inversión productiva”, en la que se demandan los metros cuadrados en los que se ampliaron las plantas y cuánto se incrementó la capacidad instalada en los últimos años. Estas preguntas no son casuales. La semana pasada el Gobierno decidió ampliar en US$ 96 millones hasta fin de año las divisas disponibles para las automotrices que hayan anunciado o ya estén implementando nuevos desembolsos.

Por último, la planilla agregó una nueva solapa llamada “RR.HH. e innovación” en la que se exige el número de locales industriales, la cantidad de empleados en la empresa de acuerdo con su tipo de educación y la de personas dedicadas a actividades de innovación e investigación y desarrollo.

AFIP habilitó a P&G tras firmar un acta sobre valuación de las importaciones cuestionadas

noviembre 12, 2014
Procter & Gamble retomó operaciones. La AFIP rehabilitó su CUIT y la inscripción en un Registro de comercio exterior. Aceptó valuar importaciones según el GATT
La multinacional Procter & Gamble (P&G), que había sido inhabilitada por la AFIP bajo acusaciones de fraude fiscal y fuga de divisas, retomó sus operaciones anteayer tras 8 días de suspensión, luego de firmar un acta en la que se comprometió a adoptar el método de valuación del GATT en las operaciones de importación, reconociendo así de manera implícita que los precios que había adoptado eran divergentes de los aceptados internacionalmente.
En la misma acta, la AFIP estableció un plazo –cuya extensión no trascendió– para analizar la situación cambiaria y fiscal de la empresa.
A partir de ese acuerdo, el ente que encabeza Ricardo Echegaray desbloqueó la CUIT y la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de P&G, según trascendió en el mercado. También se aseguró a este diario que P&G retomó las operaciones. Sin embargo, la empresa no lo confirmó.
Y desde la AFIP sólo aceptaron que “la discusión sigue canales técnicos y profesionales”.
La AFIP había suspendido la CUIT a P&G, inhabilitándola en el Registro de Importadores y Exportadores, y había solicitado a la Justicia que prohiba la salida del país de sus directivos por un supuesto fraude fiscal relacionado con operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por una suma del orden de los u$s 138 millones.
El organismo recaudador entiende que la empresa habría importado productos por un precio superior al verdadero, y de esta manera habría logrado incluir regalías y gastos de publicidad en el precio, girando dólares al exterior por un monto superior al verdaderamente abonado; es decir, habría sobrefacturado a su filial de Suiza para poder fugar divisas.
Pero más allá de la legitimidad de estas denuncias, especialistas ponen en duda la legalidad de las facultades de la AFIP para cancelar o suspender la CUIT de una sociedad por la sospecha de infracciones o delitos.
Al respecto, existen dos resoluciones (RG AFIP 3.358 y RG AFIP 3.416) que contemplan la posibilidad de dar de baja o bloquear una CUIT. En los considerandos de ambas normas se justifica tal potestad en los artículos 33 de la Ley de Procedimiento Fiscal y 7 del Decreto 618/97, indicaron Emilio Cornejo Costas y Federico Cantisano, del Estudio Lisicki & Litvin y Asoc., quienes agregaron que estas normas sólo acuerdan facultades al Fisco para dictar resoluciones en relación a “la inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables”, pero no para aplicar sanciones anticipadas como, entendemos, sería la suspensión o cancelación de la CUIT.
“En efecto, esa cancelación o bloqueo es claramente una medida de índole sancionatoria que impide a quien la recibe, ejercer plenamente derechos constitucionales como, por ejemplo, el derecho a ejercer libremente el trabajo, y como tal, necesariamente debe estar precedida de un proceso que le permita al contribuyente ejercer otro derecho constitucional como el de debido proceso o defensa en juicio. Algo tan sencillo como explicar y fundamentar su postura, contradecir la imputación que se le formula y aportar las pruebas necesarias. De no proceder así, se está invirtiendo la lógica de todo procedimiento: la AFIP cancela la CUIT y obliga al contribuyente, si así lo considera, a transitar un procedimiento para demostrar que la medida es incorrecta, injusta o irrazonable. Ello resulta inconstitucional y provoca perjuicios de imposible reparación ulterior; por ende debe ser evitado”, sostuvieron Cornejo Costas y Cantisano.

El Gobierno abre cupo para exportar maíz y trigo nuevo por unos u$s 1.800 millones

noviembre 7, 2014
Será para los próximos meses por un total de 9,5 millones de toneladas de la nueva cosecha, la mayor parte para el maíz. La mesa de enlace protestó en Córdoba
Horas después de que la dirigencia rural nucleadas en la mesa de enlace de entidades agropecuarias realizara una jornada de protesta en Córdoba para rechazar las políticas nacionales y la presión impositiva que tolera el sector, el Gobierno anunció ayer nuevos cupos para la exportación en los próximos meses de trigo y maíz de la nueva campaña, los dos cereales que desde hace 7 años tienen un férreo control oficial, por un estimado de $ 1800 millones, a valores FOB actuales.
Se trata de 1,5 millón de toneladas de trigo, incluida la harina, de la cosecha que se está haciendo en estos días, para embarcar desde el próximo 15 de diciembre. A eso se suman, 8 millones de toneladas de maíz para embarcar desde el 15 de marzo próximo. El volumen autorizado de maíz que todavía no se sembró es inédito para el cereal desde que se impusieron los controles y permisos de exportación a través del sistema ROE.
A los valores FOB oficiales de ayer, que informa Agricultura, las 1,5 millón de toneladas equivalen a $ 390 millones. Mientras las 8 millones de toneladas de maíz suman u$S 1424 millones. Si todo ese volumen se comercializara a esos precios, ingresarían al país u$s 1814 millones de toneladas.
El cupo que se preautoriza surge de las primeras estimaciones oficiales de producción triguera en torno a 12/14 millones de toneladas y maicera de 30 millones, indicaron fuentes gubernamentales consultadas por El Cronista.
Del total que se autoriza a anotar, al 29 de octubre último, la exportación ya tenía compradas 714.600 toneladas de maíz 14/15 y 994.500 de trigo 14/15.
El anuncio fue efectuado tras una reunión que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los ministros de Economía, Axel Kicillof, y el de Agricultura, Carlos Casamiquela, mantuvieron ayer con referentes de las cámaras de exportadores de granos. Según informó Economía, estuvieron directivos de Dreyfus; Vicentin; Noble; Cargill; ACA; Toepfer; Amaggi; CHS; Nidera; Multigrain; Compañía Argentina de Granos; AFA; ADM; AGD; Bunge; Molinos y Gear.
Justamente, la habilitación de exportaciones de ambos cereales, tanto de la vieja cosecha como de la nueva, había sido un reclamo que las cerealeras habían hecho al Gobierno en medio de la negociación que hace un par de semanas terminó en un acuerdo para que ingresen divisas hasta fin de año por u$s 5.700 millones.
La decisión “apunta a que todo excedente sobre las necesidades de consumo interno sea destinado a la exportación” a la vez de “establecer un marco de previsión y certidumbre del sector”, sostuvieron en Economía.

Otros proyectos

Además de los cupos, Capitanich y Casamiquela anunciaron el envío al Congreso de tres proyectos de ley para el sector . El más controvertido es que el plantea el reemplazo del actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) por uno que incluya también a la aviar y porcina y cuyo titular será designado por Agricultur a (hoy es de los privados, que financian su funcionamiento). Otro proyecto le otorga autarquía al Senasa, aunque se desconoc la fuente de financiamiento, por lo que el sector cree que habrá mayor arancelamiento. El tercer proyecto es de una ley de Acuicultura.

Caso P&G, la punta del iceberg: hay 1.000 firmas en la mira de AFIP por sobrefacturar importaciones

noviembre 4, 2014

04-11-2014 La multinacional es el primer nombre que se hizo público. Sin embargo, el organismo que conduce Echegaray tiene a más empresas bajo la lupa por operaciones de comercio exterior ilícitas, con las que buscan hacerse de más dólares a precio oficial para girarlos al exterior

Martes 04 de Noviembre de 2014 11:10:00

Con el objetivo puesto en contener lasangría e incluso, incrementar lasreservas en poder del Banco Central, el Gobierno avanzó con una batería de medidas: activó el swap con China, aceleró la licitación de la red 4G y cerró un acuerdo con las cerealeras para que adelantaran laliquidación por exportaciones.

Este movimiento le permitirá al BCRA hacerse de más de u$s4.000 millones “extra” de cara al cierre del año, lo que le facilitaría el camino hasta llegar a un eventual arreglo con los holdouts, dado que se esperan menores tensionesen el plano cambiario.

De hecho, el retroceso en la cotización del blue, -producto de la “bicicleta” de ahorristas y de los mayores controles en la city- y las menores expectativas de devaluación dan una pauta de cómo los esfuerzos del Gobierno van rindiendo sus frutos.

Sin embargo, para la administración kirchnerista, pese a todas estas medidas, hay una grieta abierta por la cual se le estarían fugando cientos de millones de dólares: las importaciones.

Más precisamente, la sobrefacturación -por cierto, ilegal- aplicada a este tipo de operacionesa las que están apelando grandes empresas, con el consecuente impacto negativo en el nivel de reservas.

El caso de Procter & Gamble fue el primero que la AFIP dio a conocer con “nombre y apellido“. Sin embargo, no es el único que está bajo estudio.

Por el contrario, la denuncia en contra de la multinacional -que según el organismo de fiscalización, apeló a la sobrefacturación de importaciones por casi u$s140 millones– seríaapenas la “punta del iceberg” de una maniobra a gran escala que también involucra a otras firmas y ante las cuales está avanzando el organismo que conduce Ricardo Echegaray.

Fuente de la AFIP confirmaron a iProfesional que “no son ni 15 ni 50 las empresas que están bajo estudio. Estamos hablando de un universo de más de 1.000 compañías que habrían realizado maniobras fraudulentas como sobrefacturaciónde compras al exterior”. 

No sólo eso, desde la entidad confirmaron a este medio, que “además presentan inconsistencias en las Declaraciones Juradas de Importación y que habrían realizado subfacturación de exportaciones“.

Desde el organismo, destacaron queestán bajo la mira desde multinacionales hastafirmas locales” y que, en general, “todas mueven grandes cifras en materia de comercio exterior”.

Entre las firmas bajo estudio se encuentran productores de alimentos, fabricantes deelectrodomésticos y electrónica, textiles y terminales automotrices.

Si bien desde la AFIP prefirieron no precisar el monto involucrado, trascendió que las operaciones bajo sospecha realizadas este año por las firmas que ahora están bajo la mira, superan largamente los u$s9.000 millones.

En el marco de las deliberaciones del Consejo del Salario, a principios de septiembre, la propia Cristina Kirchner ya había puesto al sector automotor bajo la mira cuando lo denunció -en su cruzadaantiencanutamiento“- por compras al exterior que se habían declarado pero que no se habían concretado.

““Dejen de quejarse de que no tienen importaciones, porque hemos detectado algunas sorpresas. No nos sigamos pisando la manguera entre bomberos. Según el Banco Central hayimportaciones que no se hicieron pero las empresas sí se hicieron de u$s8.000 millonesentre 2012 y 2014””, denunció la mandataria.

Claves de una operación ilícita
Durante años, la maniobra más común fue la de “subfacturarcompras al exterior.

Es decir, fijar en los registros de Aduana un precio menor al real para así pagar menos aranceles e impuestos y poder obtener un mayor margen de rentabilidad al momento de comercializar el producto en el mercado interno.

Sin embargo, a partir de la aplicación del cepo y del surgimiento del dólar blue, y conforme crecieron las restricciones para hacerse de divisas por el canal formal -que les impidió a las firmas girar utilidades o pagar a proveedores-, se dio el fenómeno inverso, es decir, declarar operaciones de importación por un monto mayor al real.

Mediante este mecanismo, las compañías se hacen de un “plus” con el que, o cancelan compromisos financieros contraídos con casas matrices o bancos del exterior, o bien cubren deudas asumidas con las fábricas que los abastecen con materias primas o insumos.

En el caso de Procter & Gamble, la AFIP denunció que detectaron unas 2.600 operaciones irregulares por las cuales ingresaron máquinas de afeitar, shampoo y pañales a preciossobrefacturados, dado que la compañía incluyó en el valor declarado en Aduana regalías ygastos de publicidad y administración, algo que no está permitido.

Para el organismo de control, al “inflar” el precio de estos artículos -provenientes de Brasil, pero facturados a través de un trader ubicado en Suiza- la compañía “fugó divisas al exterior” de manera ilegal.

Si bien la empresa realizó su descargo y negó que haya realizado maniobras fraudulentas, el titular de la AFIP dejó en claro que el siguiente paso será recuperar esos dólares para engrosar las reservas.

“El objetivo principal es que P&G reintegre al BCRA las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras”, declaró Echegaray.

El titular del organismo informó que se decidió suspender provisoriamente a la firmadel registro de operadores de comercio exterior, al tiempo que se le bloqueó la CUIT, lo que le impide gestionar dólares ante el Banco Central.

Intranquilidad entre importadores
Fuentes de la AFIP destacaron a iProfesional que, en el marco de esta investigación,“por el momento, Procter & Gamble es la única que fue suspendida del registro de operadores”.

Pero está claro que, con más de 1.000 empresas sospechadas de realizar maniobras ilícitas, en los próximos días habrá más novedades.

En el sector importador no ocultaron su preocupación. En este sentido, un referente de la actividad, que aceptó dialogar bajo estricto off the record, reconoció que “estamos mirando este caso con mucha inquietud”.

“Es probable que, ante la imposibilidad de girar divisas o al no poder contar con más dólares para el pago de importaciones, algunas empresas hayan recurrido a estas maniobras. Pero también es cierto que tememos que, detrás de esto, exista una cuestión política“.

“No hay que olvidarse que la primera compañía involucrada es de origen estadounidense, justamente, el país con el que el Gobierno está enfrentado por la crisis con los holdouts”, sostuvo el directivo consultado.

En tanto, el gerente de una cámara de electrónica, que también pidió reserva de identidad, al tratarse de un tema tan sensible, reconoció que “en el rubro tecnológico hay fuertes sospechas de que en los últimos meses se potenció la sobrefacturación debido, básicamente, a que se incrementaron las restricciones para contar con divisas“.

En efecto, a medida que se fueron deteriorando las reservas y ante las perspectivas de que las mismas podrían perforar el piso de los u$s20.000 millones para diciembre, el Banco Centraldejó de habilitar dólares a grandes compañías para el pago de compromisos en el exterior.

Se estima que, al día de hoy, la entidad que conduce Alejandro Vanoli dejó de entregar dólares para cubrir operaciones de importación por entre u$s5.500 y u$s6.000 millones.

De ese total, el 50% correspondería a compras realizadas por automotrices; un 25%, afabricantes de electrónica, en tanto que el resto se reparte entre empresas de retail, alimenticias y textiles, entre otros rubros.

A esta cifra habría que sumarle otros u$s500 millones que no pudieron girar las líneas aéreas, lo que motivó que algunas compañías decidieran limitar los servicios que ofrecen en la Argentina.

Paralelamente, el Gobierno también decidió “cuotificar” la entrega de dólares para cancelarcompromisos en el exterior. Además, los montos que se habilitan -aseguran desde cada rama de actividad- son muy inferiores a los que realmente necesitan para poder abastecerse conmaterias primas y componentes.

No sólo eso: el Gobierno también se mantuvo inflexible respecto del giro de utilidades a lascasas matrices. De hecho, desde el Ministerio de Economía les pidieron a las empresasradicadas en el país que fueran las centrales las que les ampliaran el “crédito” para poder seguir operando.

Para Gabriel Caamaño Gómez, economista del Estudio Ledesma, al fijar tantas limitaciones, lo que se terminan generando son muchos incentivos para realizar este tipo de maniobras.

“Hay empresas que buscan la forma de sacar más dólares de los que realmente les autorizan para poder cancelar deudas con sus proveedores o girar ganancias a sus países de origen”, sostuvo el experto.

En este marco, el señaló que “con las casas matrices, esto se logra ´inflando´ los precios de referencia”, es decir, el valor que se declara a un producto determinado ante la Aduana en aquellas operaciones que son realizadas dentro de la propia compañía. 

En el caso de los proveedores del exterior, “el importador en la Argentina también arregla un precio más elevado para así obtener un monto de dólares superior de parte del BCRA y enviarlo fuera del país. En cualquiera de los dos casos, la firma necesita un ´socio´ pararealizar estas maniobras”.

Fernando Baer, director de la consultora Bconomics, estimó que en 2013 fueron susceptibles de sobrefacturación importaciones por un monto cercano a los u$s12.000 millones. Y destacó que, este año, los incentivos para avanzar con estas operaciones ilícitas se profundizaron.

“Tras la devaluación de enero, la brecha no superaba el 30%. Pero luego, el gap se terminó ampliando y llegó a estar por encima del 70%, para ubicarse en la actualidad levemente arriba del 60%, que igualmente es un nivel muy elevado“, destacó el analista.

Según Baer, “cuando se tiene un bien escaso, como es el dólar al precio oficial, y la única forma de acceder a él es a través de las importaciones, pero en el medio hay trabas y perspectivas de una futura depreciación del peso, entonces crecen los incentivos para realizar estas maniobras”. 

En este contexto en el que el Gobierno busca cuidar reservas y reforzar la recaudación, P&G ha sido el primer nombre en hacerse público. Con mil casos bajo estudio, en los próximos díasaparecerán nuevos nombres que sacudirán la agenda empresaria. 

Importadores reclaman al Banco Central que duplique cupo de dólares

noviembre 3, 2014
Además piden solucionar la deuda que el BCRA tiene con las automotrices, de u$s 2500 millones, y con las armadurías fueguinas, de otros u$s 1250 millones

El sector automotriz y el de electrónica de Tierra del Fuego denuncian que los cupos de habilitación de pago al exterior les cubren menos del 50% de sus necesidades mensuales de importación de partes, piezas, insumos intermedios y conjuntos para incorporar a sus producciones locales.

Además, la deuda que el Banco Central tiene con las automotrices alcanza a los 2500 millones de dólares, mientras otros u$s 1250 millones adeuda a las armadurías fueguinas.

Hoy, la autoridad monetarial les autoriza u$s 110 millones por mes a las automotrices y u$s 120 millones a las productoras de Tierra del Fuego, y los importadores pretenden que al menos se duplique esa cifra.

“De mantenerse la actual tendencia, terminaremos 2014 con una baja interanual de importaciones del 12%, pero esa baja no será pareja para todos los sectores: mientras para los importadores grandes rondaría el 6 o 7% en comparación con el 2013, los importadores medianos y pequeños mostrarían caídas del 20% respecto al año anterior. Sólo la importación de energía superaría los valores del año previo”, advierte Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores.

El directivo pidió una audiencia a la Subsecretaría de Comercio Exterior por las excesivas demoras en la aprobación de DJAIs, sobre todo en casos de bienes de capital, repuestos, materias primas, semielaborados e insumos intermedios destinados a la producción industrial, agropecuaria, a obras de infraestructura básicas, y a necesidades de empresas de servicios públicos y privados, dado que la gran mayoría de ellos no tienen contrapartida de producción local equivalente. Los importadores exigen apurar la liberación de las DJAIs, y evitar así efectos no deseados en la economía real, como caídas o interrupciones de actividades productivas locales, de exportación o problemas en el empleo.

Los importadores se quejan que desde el Gobierno nunca le han dado razones formales por las demoras en las aprobaciones: “Creemos que las causales deben encontrarse en las decisiones políticas que bajan desde Economía en materia de administración de las divisas disponibles, y las dificultades administrativas de manejar un volumen importante de presentaciones con una dotación activa pero siempre acotada, sin contar con criterios de automaticidad de aprobación que muchos bienes deberían tener”, precisan en el sector.

Por otra parte, la Cámara de Importadores enviará una nota al BCRA solicitando la ampliación del plazo de 120 días recientemente fijado para la demostración del ingreso de mercaderías que se hayan abonado por anticipado, llevándolo a 180 días, ya que las necesidades de la industria no siempre se refieren a bienes ya fabricados, sino muchas veces deben realizarse a pedido. “Nos preocupa la creciente asimetría en el trato de las importaciones de bienes de capital que se va verificando entre Brasil y la Argentina. Brasil está disminuyendo transitoriamente el arancel de muchos bienes de capital, iniciativa que Argentina no está tomando”, advierte Santisteban.

El Gobierno abre cuentas en Hong Kong para evitar embargos de préstamos chinos

octubre 30, 2014

El Banco Central (BCRA) deberá abrir cuentas en Hong Kong para recibir el dinero de los préstamos chinos para las represas de Santa Cruz y el tren Belgrano Cargas a resguardo de los potenciales embargos de los fondos buitre. Así lo acordaron los presidentes de Argentina y China, Cristina Fernández y Xi Jinping, en una videoconferencia que mantuvieron en la noche del martes.

Los desembolsos chinos para las obras y el swap cambiario se dilatan por cuestiones burocráticas, indicaron distintas fuentes oficiales y del sector privado al tanto de las operaciones. Uno de los obstáculos es que el país asiático pidió generar una ingeniería financiera para evitar que el dinero pueda caer en manos de los holdouts que litigan contra Argentina. NML Capital pidió una acción de discovery contra China por su “alianza estratégica” con el país.

Por eso, ambos gobiernos acordaron que el Banco Central abrirá en las próximas semanas cuentas en las sedes que los bancos ICBC y Bank of China tienen en Hong Kong. Los chinos girarán el dinero desde Beinjing a ese polo financiero y allí quedará a disposición de la autoridad monetaria argentina.

Después del default técnico de los bonos Discount (al que hoy se sumará el de los bonos Par), las autoridades chinas ratificaron el desembolso de los créditos para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic de Santa Cruz y para el Belgrano Cargas. Las represas están a cargo de Electroingeniería y la china Gezhouba y fueron valuadas en u$s 4.700 millones, que aportarán bancos chinos con el ICBC a la cabeza. Para refaccionar el Belgrano cargas, obra a cargo del Ministerio de Interior y Transporte, China aportará u$s 2.100 millones, aunque cerca de la mitad se utilizará para comprar material rodante y no representará un ingreso de divisas. Sin embargo, los chinos endurecieron las condiciones para proteger sus activos.

Fuentes al tanto de la operación estiman que los primeros desembolsos ingresarán en noviembre, aunque distintos trámites y el pedido chino de salvaguardar el dinero podrían demorar más los giros y el consecuente inicio de las obras. En el caso de las represas, deberían ingresar unos u$s 500 millones.

Acelerar

La Presidenta pidió a su par chino acelerar los trámites para efectivizar esos desembolsos, que el Gobierno necesita no sólo para engrosar las reservas del Banco Central, sino también para darle un empujón a la alicaída actividad económica con la obra pública.

Cristina y Xi acordaron que entablarán una reunión bilateral en Brisbane, Australia, durante la cumbre de líderes del G-20, los próximos 15 y 16 de noviembre. “Estoy dispuesto a mantener una estrecha comunicación y contactos con usted, dándole la bienvenida para que visite China en el momento que considere apropiado y esperando encontrarnos nuevamente en la Cumbre del G20 de Brisbane en noviembre‘, dijo Xi, según la agencia oficial de noticias china Xinhua. La visita de la Presidenta a Beijing, prevista para esa fecha, sería pospuesta para enero o febrero próximos.

Cristina devolvió gentilezas: “Declaramos conjuntamente el establecimiento de la asociación estratégica integral China-Argentina, aprobamos el programa modernizado de las estaciones hidroeléctricas Néstor Kichner y Jorge Cepernic, así como el ferrocarril de carga Belgrano Cargas, y acordamos la participación de empresas chinas en la construcción de la planta de energía nuclear de Argentina”, dijo durante la videoconferencia, según Xinhua.

En paralelo, el Banco Central de Alejandro Vanoli buscará dar comienzo al swap cambiario con el Banco Popular chino antes de fin de año, según fuentes oficiales. Al asumir a su cargo, el nuevo presidente del Central se mostró sorprendido porque su antecesor, Juan Carlos Fábrega había dado por iniciado el swap. Vanoli viajó a la cumbre del Banco Mundial y el FMI, entre otras cosas, para acelerar la operación con su par chino, aseveraron fuentes al tanto de las gestiones. La intención oficial es que ingresen unos u$s 1.000 millones de aquí a diciembre para reforzar las reservas.

EDICIÓN IMPRESA ECONOMÍA Y POLÍTICA Importación

octubre 7, 2014

El Gobierno elevó las alícuotas del impuesto de importación extrazona de un centenar de productos. Estableció para el kiwi una tasa de 10%, atún y conservas de atún 16%, vino espumoso 35%, artículos para fuegos artificiales 20%, herbicidas a base de glifosato 35% y productos alimenticios con aceite de soja 35%. Alcanza también a reactores nucleares, aparatos de grabación, tractores, aeronaves, mobiliario médico quirúrgico, juguetes, cepillos de dientes y bolígrafos.

China apoyará el ingreso de Argentina a los Brics

julio 10, 2014
Economía

“El Brics va a favorecer a los países en vías de desarrollo y los de mercados emergentes bajo las actuales circunstancias, para intensificar su unidad y capacidad de colaboración entre sí aportando a la inclusión, apertura y estabilidad de la economía y financiamiento del mundo”, sostuvo Li Baorong, subdirector General de América Latina y el Caribe de la Cancillería china. En declaraciones a Télam, el funcionario agregó que “bajo este mecanismo de la unidad a través de consultas, China mantendrá una actitud abierta tanto sobre la cooperación como en el aumento de sus miembros, en este caso Argentina”.

Los Brics es un acrónimo que identifica a Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, país que se sumó en último término.

Las declaraciones del alto funcionario en Beijing se producen pocos días antes de que el presidente chino, Xi Jinping, llegue a la Argentina en visita oficial acompañado por un centenar de empresarios.

Precisamente, en el encuentro que Xi mantendrá con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se trataría una posible multimillonaria inversión china en obras de infraestructura de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y la modernización del ferrocarril Belgrano Cargas.

“Las empresas chinas tienen la voluntad de participar en la cooperación de infraestructura en un país como Argentina”, afirmó el funcionario en una cómoda sala de reuniones de la sede de la Cancillería china.

“Por tal razón, las empresas e instituciones financieras de ambas partes están realizando activas negociaciones para lograr el acuerdo final de cooperación de estos proyectos y así iniciar las obras”, explicó.

Li aseguró que China tiene “mucha experiencia” en infraestructura de represas, ferrocarriles de alta velocidad y carreteras, al tiempo que cuenta “con alta tecnología y capacidad de finalización de obra, así como experiencia en administración”.

“Lo importante -finalizó- es elevar la capacidad de la construcción de la infraestructura en América Latina y el Caribe”, porque en el futuro éste será otro punto alto de la cooperación.

http://www.telam.com.ar/notas/201407/70470-argentina-brics-china-desarrollo-mercados-emergentes.html

Laboratorios presentarán la semana que viene amparo para evitar baja de precios

junio 27, 2014
La medida será interpuesta, en principio, por las tres cámaras que agrupan a la industria. Dicen que la resolución oficial es “anticonstitucional” y que no corresponde

Los laboratorios están dispuestos a responder con la mayor dureza posible la embestida del Gobierno para que retrotraigan los precios de sus productos al 7 de mayo último.

El martes pasado, cuando estalló el conflicto y tras la publicación el el Boletín Oficial de la resolución 90, las entidades farmacéuticas agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme); la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (Cilfa) habían afirmado que, de no dar marcha atrás con la medida, recurrirían a la Justicia para frenar el intento oficial.

De acuerdo con lo que puso saber El Cronista de distintas fuentes del mercado, las tres agrupaciones ya tienen casi listo un borrador del recurso de amparo que presentarán durante la semana próxima a la Justicia. Allí, a grandes razgos, aparecen vinculadas con distintas cuestiones, pero que básicamente apuntan a la ““inconstitucionalidad”” de la estrategia del Gobierno.

““No se entiende de dónde salen los argumentos que se plantean. Apuntan a incrementos de hasta un 4% cuando hay productos de otras industrias que se encarecieron más del doble. Está claro que esto va contra todas las reglas””, apuntaron desde una de las cámaras.

La presentación judicial –-a menos que surjan divisiones internas de último momento–- correrá por cuenta de Caeme, Cooperala y Cilfa, tal como había sido expuesto en el documento expuesto por las tres el martes pasado.

Lejos de llevar calma o mostrar algún cambio de visión como la que esperan tanto los laboratorios nacionales como extranjeros, desde el Gobierno no hicieron más que afirmar su línea de pensamiento.

Ayer, en declaraciones radiales, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, dijo que el Gobierno está dispuesto a “”dar batalla contra los abusos en los precios de los medicamentos”” y remarcó la necesidad de contar con herramientas en defensa del consumidor.

““Los laboratorios están acostumbrados históricamente, en la Argentina y en el mundo, a dar órdenes y siempre negocian con rehenes, que son quienes tienen que consumir medicamentos cuando padecen una patología””, dijo Costa.

““Estamos dispuestos a dar batalla para que cualquier abuso se vea imposibilitado””, sostuvo, para luego resaltar la necesidad de contar con “”instrumentos legales que brinden mayores herramientas para actuar en defensa de los argentinos””.

Como parte de esta arremetida, el Gobierno ya anticipó que se aplicarán sanciones a los laboratorios que no cumplan con la medida. Según Costa, esto se debe a que los laboratorios violaron las normativas dispuestas.

El funcionario advirtió que “”de manera sorpresiva, en mayo se violó el acuerdo voluntario de mantenimiento de precios y nos encontramos con subas masivas y simultáneas de entre 3 y 4%, lo cual representa una conducta sospechosa””.

““Vamos a aplicar las multas en forma progresiva””, anticipó el secretario.

La acusación del Gobierno no tiene que ver sólo con el alza de los precios, sino también con la forma en que se llevó a cabo, a tal punto de que la presidenta Cristina Fernández habló de “carterización”.

En la resolución 90 se habla de “”un aumento generalizado en valores significativamente coincidentes””, y que las subas se dieron entre el 14 y el 19 de mayo pasados en el caso de los laboratorios que responden a Cilfa; entre 19 y el 22 de ese mismo mes para los de Caeme, y entre el 16 y el 19 para los miembros de Cooperala.