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El mundo del revés: exportar para poder importar

julio 25, 2013

Desde hace varios años existe en el mundo del comercio exterior con sello local una regla no escrita, pero que se verificó al menos hasta el mes pasado: el que necesita importar tiene que exportar. El Gobierno, a través de la secretaría de Comercio Interior, decidió que aquel que necesite dólares para financiar importaciones deberá generarlos a través de exportaciones. Algunas exportan dentro de su mismo sector; otras salieron a vender cualquier cosa con tal de compensar su balanza comercial. ¿Es posible para las pymes encarar este tipo de operaciones? ¿Qué cambió en el último año?

Las cuatro estrategias
Según el especialista en comercio exterior Martín Clement, las pymes puede hacerlo. Existen cuatro formas fundamentales de equilibrar la balanza comercial de la propia empresa: la primera es la exportación genuina e incremental de algún producto; la segunda es la exportación por cuenta y orden de terceros; la tercera, la compra en el mercado interno y posterior exportación; por último, la celebración de acuerdos que permitan computar exportaciones de operadores habituales como propias del importador.
Los problemas para las pymes empezaron en 2010. “Primero nos pidieron reducir el cupo de importación en forma progresiva y lo hicimos reemplazando el producto importado por baterías de fabricación nacional. Pero, en 2012 se profundizó el modelo”, cuenta Ariel Valbuena, presidente de Acubat, una empresa familiar que se dedica a la venta y colocación de baterías para automóviles. Acubat era, desde 2003, importador exclusivo de la marca líder de su rubro, Varta, con lo cual su negocio se vio directamente perjudicado por la medida. Peligraban sus cuatro locales de venta y su planta de 10 empleados. ¿Cómo lo resolvieron?
Presentaron un compromiso de importación-exportación que fue aprobado por la Secretaría de Comercio. Así, este año se lanzaron al ruedo con exportaciones de plomo a Brasil. “Cuando la gente viene a realizar el cambio de batería, la usada queda acá y tiene plomo. Lo que hicimos fue mandar a manufacturar las baterías viejas para transformarlo en plomo puro”, cuenta Ariel. En el primer cuatrimestre, exportaron por u$s 55.000. Además del plomo, también están planificando exportar vino. De esta manera, se autorizó el ingreso de la mercadería que se importa.
“Hubo muchos casos similares en el sector automotriz”, cuenta Pablo Furnari, director Ejecutivo del programa ‘Primera Exportación’, que ayuda a las pymes a generar este tipo de operaciones. “Las automotrices que tienen terminales en el país, tuvieron problemas con los insumos; y también estuvieron complicadas las que importan los automóviles. Hay un caso bastante emblemático, que fue el de Hugo Pulenta, presidente de Nordenwagen. Para importar vehículos Porsche, compensó con la exportación de vinos de una bodega perteneciente al Grupo Pulenta”, relata.
Algo similar ocurrió con la empresa de motos Motomel. Para revertir las trabas, anunció un plan para exportar, en la primera mitad del año, más de u$s 10 millones en mosto y u$s 5 millones, en vinos a granel y varietales. En los papeles, la firma exportará más de u$s 30 millones hasta abril de 2014.
Pero no todos los casos son exitosos. Los otros mecanismos descriptos en esta nota tienen que ver más con un intercambio de favores, que con nuevas operaciones. Las empresas que lo realizan pidieron reserva de sus nombres y rubros.
Uno de ellos es la compra en el mercado interno y posterior exportación; es decir, el exportador le vende al importador para que éste lo venda afuera. Por ejemplo, una fábrica de autos compra materias primas a una aceitera que suele colocar su producción en Brasil. En lugar de que la aceitera lleve al exterior su producto, directamente, se lo vende a la automotriz que será la encargada de colocarlo en los mercados internacionales. ¿Qué gana cada uno? La hasta ahora exportadora se saca de encima los trámites burocráticos y costos asociados a la exportación y puede cobrar una comisión de entre el 7 y el 15%. El que compró el aceite (la importadora automotriz) compra de ese modo un “saldo a favor” para poder importar su insumo o producto principal. Es por esto que algunos especialistas hablan de que en la práctica estos controles representan una devaluación encubierta del 10%.
El tercer mecanismo, la exportación por cuenta y orden de terceros, no difiere tanto de esto. La exportadora se ahorra los costos logísticos y accede a mercados desconocidos, en una operación de bajo riesgo de incumplimientos. Las comisiones son menores para la importadora, pero no puede deducir el IVA, a diferencia de cuando compran el producto en el mercado interno para luego venderlo al exterior.
“El año pasado, fue el boom de la exportación por cuenta y orden de terceros. Hoy, lo que prima son los compromisos de importación incremental”, dice Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Estos son acuerdos que permiten computar exportaciones de operadores habituales como propias del importador. En la práctica, se trata de un virtual “bono” pro-importaciones o un “crédito fiscal”. Claro que para lograr esto hay que comprometerse de alguna manera ante la Secretaría de Comercio a que se ayudará a aumentar las ventas a esta compañía exportadora que ofreció este “bono”. “Hoy no aceptan compensaciones no incrementales”, dice Eduardo Serena, despachante de aduanas de la provincia de Córdoba y miembro de la Cámara de Comercio Exterior de esa provincia.
“Por un lado se generó un gran negocio detrás de estas medidas, en especial de aquellas empresas que ofrecen intermediar para unir a importadores y exportadores -opina Fumari-. Unen las puntas, cobran una comisión y punto. Desde la visión de las empresas importadoras y exportadoras, el exportador tiene un canal más de venta. Por otro lado, están los importadores que son los que más problemas tienen porque no es fácil empezar a exportar de la nada, como tampoco es fácil conseguir a un exportador para que te compense todas las operaciones”.

Brusca caída
Según distintas fuentes del sector, las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) no tienen fecha máxima de aprobación y por eso terminan cajoneadas. Todo se complejiza más porque estos mecanismos no están oficializados en una norma. Fuentes del sector y empresarios que pidieron no ser mencionados explicaron que para averiguar si se puede desbloquear una operación hay mandar diariamente un mail a notadepedidos@mecon.gov.ar y esperar la respuesta. En algún momento llama un operador, que no se identifica más que con un número y dice en qué condiciones se va a poder importar.

El cepo importador demora el ingreso de piezas y complica a las automotrices

mayo 31, 2013

Mientras los diputados oficialistas convierten en ley el blanqueo de capitales como parte de un plan oficial para captar dólares que estén en el exterior, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno volvió a entorpecer una de las industrias que más dólares –después del agro– le deja a las arcas argentinas.
El polifuncionario volvió a cerrar el grifo y dejó de autorizar las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) de las autopartes o insumos para autopartes, lo que está poniendo en jaque a la industria automotriz.
“Esto es como el papel higiénico en Venezuela, hay líos todos los días”, intentó explicar con cierta sorna un hombre del sector que sigue de cerca el devenir de las importaciones.
Desde que se aplican las DJAI para frenar la salida de dólares la logística de todos los sectores que necesitan importar insumos se modificó. Aparecieron los stocks con el costo financiero que implica tener mercadería “parada” frente a la posibilidad de tener que frenar la producción por falta de piezas.
En el caso del sector automotriz, se estaban viviendo complicaciones para la importación y exportación de unidades terminadas que quedan varadas en la Terminales Portuarias de Zárate (TPZ). Pero ahora, las luces de alertas se prendieron en el segmento de las partes.
Las terminales no son las que más están sufriendo la falta de autorización, sino que las autopartistas son las que tienen un horizonte más complicado.
De todas formas, desde las fábricas aseguraron a El Cronista que ya se sienten faltantes de mazos de cables –pieza que la ministra Débora Giorgi había anunciado que se iban a producir en la Argentina e implica cables, cables de antena, caños corrugados y lisos, cinta aisladora de PVC y de poliéster, conectores plásticos y terminales metálicas, contrapartes eléctricas, inyección de caucho y de extrusión de caucho, relés y paños y espumas insonorizantes–, suspensiones, dispositivos eléctricos, pastillas de frenos, algunos modelos de neumáticos, etc.
Frente a esto, lo que sucede en algunas de las 11 marcas que tiene radicada parte de su producción en el país es que reducen la cadencia de producción. Aunque se incrementan los costos, sería mucho más oneroso frenar una línea de producción.
La complejidad es que a veces se autorizan a las terminales a importar las partes pero no a los proveedores locales, lo que genera un quiebre en la cadena. “Lo que Moreno no entiende es que aunque autorice a la fábrica y no al proveedor, pone en peligro la fabricación e induce a la terminal a no localizar piezas”, explicó otra fuente del sector que prefirió mantener el off the récord.
“Las automotrices tienen un stock que pueden aguantar un tiempo, pero no mucho”, dice una fuente del sector.
Frente a esto, la Secretaría de Comercio Interior no le firma las DJAI a las autopartistas porque muestran un aumento de las importaciones respecto del año pasado sin tener en cuenta que puede ser consecuencia de que se está sustituyendo alguna pieza o que aumentó la producción de autos y por ende aumentó la demanda del cliente.
Un dato a tener en cuenta y que representa en la que se apoya la última teoría es que en diciembre de 2012 las terminales automotrices radicadas en la Argentina tenían una previsión de producción para el 2013 de 770.000 unidades y hoy, cinco meses más tarde, esperan producir 810.000 unidades 0 km; siempre que se tengan las partes para que salgan las unidades terminadas.

CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LA OMC: QUÉ ESTÁ DISCUTIENDO LA ARGENTINA EN ESTE TIEMPO (Y CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS)

febrero 6, 2013

En los últimos días, fue noticia de los principales medios de comunicación el hecho de que Argentina contempla afrontar en los próximos meses situaciones relacionadas con dirimir conflictos comerciales dentro de la OMC, ya sea como demandante o como demandada. Para el público en general, en ocasiones, es complejo comprender a qué se enfrenta nuestro país cuando se abordan estos temas, e incluso algunas de las informaciones publicadas no exhiben la profundidad que estos temas merecen. Por este motivo, me permito en esta ocasión hacerles llegar un breve resumen respecto de lo que se está discutiendo (y se va a discutir) en la OMC.
 
El 28 de enero de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan la importación de mercancías”. En respuesta a una solicitud de Argentina, se formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de Argentina”.

El sistema multilateral de comercio, tal como se lo entiende en la actualidad, abarca un conjunto de normas e instituciones destinados a regular las condiciones del intercambio de bienes y servicios. Hasta el año 2011, más de 500 casos se han resuelto bajo el mecanismo de solución de controversias dispuesto en el marco de la OMC, organización que en inglés se conoce como WTO (World Trade Organization). El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral de comercio, ya que sin un medio de solución de diferencias, el sistema basado en normas sería menos eficaz puesto que no podrían hacerse cumplir las normas. El sistema se basa en normas claramente definidas, y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Esto es así porque en el antiguo GATT existía un procedimiento de solución de diferencias, pero no preveía plazos fijos. Por lo tanto, era más fácil obstruir la adopción de las resoluciones y, en muchos casos, pasaba mucho tiempo sin que se llegara a una solución concluyente.

En este sentido, el Acuerdo de la Ronda Uruguay estableció un procedimiento más estructurado, con etapas más claramente definidas. Implantó una mayor disciplina en cuanto al tiempo que debía tardarse en resolver una diferencia, con plazos flexibles para las diversas etapas del procedimiento. Además, se hace hincapié en que para que la OMC funcione eficazmente, es esencial la pronta solución de las diferencias. A tal efecto, las primeras resoluciones son adoptadas por un grupo especial y respaldadas (o rechazadas) por la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible apelar basándose en cuestiones de derecho.

Ahora bien, lo importante no es dictar sentencia: la cuestión prioritaria es resolver las diferencias, de ser posible mediante la celebración de consultas. Hasta 2010, solo en 130 de los 332 casos planteados se llegó al final del procedimiento del grupo especial. En cuanto al resto de los casos, en la mayoría de ellos se notificó su solución “extrajudicial” o seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos desde 1999. Las diferencias que surgen en la OMC se refieren esencialmente a que cuando los Miembros de la OMC estimen que otros Miembros han infringido las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilateralmente. Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que otro país u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos. Se establecen con gran detalle el procedimiento y el calendario que han de seguirse al resolver las diferencias. Un caso que siga su curso completo hasta la primera resolución no debe durar normalmente más de un año, o 15 meses en caso de haber apelación. Los plazos convenidos son flexibles y, si se considera que un caso es urgente, se acelera en la mayor medida posible su solución.

Por otro lado, el Acuerdo determina también que sea imposible que el país que pierda un caso obstruya la adopción de la resolución. Con arreglo al anterior procedimiento del GATT, las resoluciones únicamente podían adoptarse por consenso, lo que significaba que una sola objeción podía bloquear la adopción. Actualmente, la resolución se adopta automáticamente a menos que haya consenso para rechazarla. Es decir, si un país desea bloquear la resolución, tiene que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC (incluido su adversario en la diferencia). Aunque el procedimiento es en gran parte análogo al de un tribunal o corte de justicia, la solución preferida es que los países afectados examinen sus problemas y resuelvan la diferencia por sí solos. Así, pues, la primera etapa es la celebración de consultas entre los gobiernos parte en la diferencia. Aun cuando el caso siga su curso y llegue a otras etapas, sigue siendo siempre posible la celebración de consultas y la mediación.

La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de Diferencias u OSD (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los Miembros de la OMC. El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer “grupos especiales” de expertos para que examinen la diferencia, y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones, y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.

A modo de síntesis, en una primera etapa, se efectúan consultas ya que, antes de adoptar cualquier otra medida, los países parte en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. En una segunda etapa, y si en las consultas celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial. El país “acusado” puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el OSD se reúna por segunda vez (a menos que haya consenso contra la constitución del grupo especial). Oficialmente, el grupo especial ayuda al OSD a dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los Acuerdos invocados. Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de urgencia, por ejemplo, de tratarse de productos perecederos, ese plazo se reduce a tres meses.

En el acuerdo, se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Antes de la primera audiencia, cada parte en la diferencia expone por escrito sus argumentos al grupo especial. En la primera audiencia con el grupo especial, el país reclamante (o los países reclamantes), el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia exponen sus argumentos. Los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. Cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de expertos para que prepare un informe al respecto. Así, el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. No se incluyen las constataciones y conclusiones. 

A continuación, el grupo especial da traslado de un informe provisional (en el que sí se incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana para que soliciten un reexamen, que no debe exceder el plazo de dos semanas. Durante ese tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia.
 
Por último, se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción a un Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con  dichas disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podría hacerse.  Transcurridos 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del OSD, a menos que se rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar, y para hacerlo deben basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica. No es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones.

Cada apelación es examinada por tres miembros de un Órgano Permanente de Apelación, establecido por el OSD e integrado por siete miembros representativos, en términos generales, de la composición de la OMC. Los miembros del Órgano de Apelación son nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén vinculadas a ningún gobierno. La apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días, y en ningún caso excederá los 90 días. El OSD tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días, y únicamente puede rechazarlo por consenso.

Una vez resuelto el caso, el país que debe rectificar alguna cuestión debe hacerlo rápidamente. Si sigue infringiendo un acuerdo, debe ofrecer una compensación o sufrir una sanción adecuada que le haga cierto efecto. Incluso una vez decidido el caso, todavía hay que hacer algo antes de la imposición de sanciones comerciales (que es la pena que suele imponerse). La cuestión prioritaria en esta etapa es que el “demandado” perdedor modifique su política de conformidad a la resolución o recomendación. En el acuerdo sobre la solución de diferencias se hace hincapié en que “para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD”.

Si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del grupo especial o del órgano de apelación. Debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En caso de que no sea factible cumplir de inmediato las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un “plazo prudencial” para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de interés especial para la parte reclamante.

La situación evolutiva existente entre el conjunto jurídico de los Acuerdos y el universo más amplio del derecho internacional público debe ser considerada de manera fundamental, ya que en nuestro caso responde a realidades específicas de la estructura productiva nacional. En ese sentido, reclamamos o nos reclaman porque hay un interés comercial concreto que puede afectar la generación de negocios externos.

En resumen, lo que se está discutiendo en relación con nuestro país es lo siguiente:

Argentina como demandada: demandas contra el supuesto proteccionismo que despliega el gobierno, presentadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, unificadas en un solo caso.

Argentina como demandante: se conformó un tribunal para analizar la denuncia argentina contra Estados Unidos por las trabas que el país del Norte impone a la carne y el limón producidos en el país.

Preguntas y respuestas:

P: En ambos casos, ¿se puede esperar una resolución inmediata de los temas planteados?
R: No. Si no se llega a un acuerdo previo y el proceso sigue su rutina hasta el final, la resolución puede demandar entre 14 y 15 meses, o incluso más.

P: La eliminación de las licencias no automáticas por parte de la Argentina, ¿ayuda a descomprimir la situación?
R: Si, pero no del todo debido a la persistencia del régimen de DJAI.

P: Si en un futuro no muy lejano, Argentina elimina el régimen de DJAI, ¿continuarían las acciones del panel contra Argentina?
R: No, perderían su mayor sustento argumentativo.

P: ¿Están relacionadas ambas acciones?
R: Desde un punto de vista objetivo no, dado que, como mencioné en el párrafo anterior, si Argentina elimina el régimen de DJAI, las denuncias en su contra perderían sustento. La demanda Argentina contra las trabas en Estados Unidos podría continuar su curso, ya que las razones que esgrime Estados Unidos para no permitir el ingreso de productos argentinos tienen carácter sanitario y no de licencias.

P: ¿Las denuncias solo persiguen un fin comercial o está incluido el aspecto político?
R: Como las denuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas.

P: ¿Afectan en algo a nuestro país las denuncias efectuadas?
R: No en lo inmediato, pero puede haber correlatos políticos o económicos de acuerdo a lo mencionado más arriba.

P: ¿Es el régimen de DJAI, el principal argumento de los demandantes, un régimen “ilegal” realmente?
R: No. Tal como fue mencionado en informes anteriores, es un régimen previsto incluso dentro de la misma OMC, pero debe observar transparencia y legalidad, y su aplicación no se puede prolongar excesivamente.

P: ¿Tiene la Argentina buenos negociadores para afrontar las demandas?
R De primerísimo nivel, pero como se mencionó, las negociaciones también contienen un rasgo político inevitable.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional, o puede dejar su comentario en el vínculo que se proporciona a continuación.
 
Mg. Néstor Pablo Aleksink
Especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Director Ejecutivo
Programa Argentina Exporta

Políticas comerciales, precios y libertad

enero 30, 2013

Julio J. Nogues Profesor, Universidad Católica Argentina

En los últimos días hubo dos noticias de importancia sobre política comercial: la eliminación de las licencias no automáticas de importación, y el aumento del arancel externo común del Mercosur para 100 productos. La primera es en apariencia, una medida liberalizadora mientras que la segunda es netamente proteccionista. Entonces, ¿es la Argentina un país más o menos abierto al comercio internacional?
La política comercial es quizás la principal determinante del nivel de precios. Sobre los precios elevados, hace poco la Presidenta dijo: “Si no te defendés vos no te defiende nadie” en referencia al uso del poder de compra por parte de los consumidores. La realidad es que los elevados precios resultantes de nuestras políticas comerciales proteccionistas solo pueden ser disminuidos por la Presidenta a través de menores barreras sobre las importaciones: en presencia de las mismas, el poder de compra de los consumidores es totalmente inefectivo. La libertad de elegir la tiene el Ejecutivo y una vez tomada, los argentinos son prisioneros de esta decisión. La ausencia en la Resolución 11/13 ME, de una fundamentación de los criterios que justificaron la eliminación de las licencias sugiere que el Gobierno tomó la misma como quien toma aceite de ricino: obligado por las circunstancias de esa “fuerza externa” que pone trabas a la administración de la economía según los criterios del poder de turno. La fuerza externa ante quien ahora se ha inclinado el poder es la OMC donde varios países tramitan una controversia contra la Argentina entre otras cosas, “por el uso indebido” de nuestra política de licencias.
El silencio que acompaña esta resolución contrasta con el entusiasmo para aumentar el arancel externo común hasta el 35%, máximo permitido por la OMC para 100 productos seleccionados por el Ejecutivo. La producción nacional beneficiada por este aumento incluye varios ejemplos de industrias en decadencia y también algunos de reciente data como el kiwi. Entre los viejos amigos de las políticas proteccionistas se encuentran algunas industrias que incluyen un grupo importante de empresas que nunca pudieron adaptarse a las presiones de la competencia. Algunos ejemplos de industrias con empresas decadentes incluyen juguetes, vestimenta, calzado, línea blanca y la gama de productos ensamblados en Tierra del Fuego: todos productos donde los argentinos sufren irremediablemente la selección de políticas del Ejecutivo. La inclusión de estos productos sugiere la existencias de criterios decisorios alejados de principios socio-económicos.
La Argentina es más cerrada y su economía se moverá hacia un mayor nivel de precios. Esta conclusión se basa en el hecho que persisten políticas como la Declaración Anticipada de Necesidades de Importación aparentemente administrada de una manera tan discrecional como las licencias eliminadas. A esto, se agrega el aumento de aranceles.
La apertura de la economía puede ser vista como un motor del crecimiento y bienestar, o como una manera de independizarse del “imperialismo internacional”. El Gobierno ya ha elegido. Bajo estas circunstancias prevalecerá el status quo y los precios elevados, lo cual también profundizara la fuerte desaceleración económica. La libertad de elección delegada por los argentinos está siendo mal administrada.

Panamá plantea una diferencia contra medidas de la Argentina relativas al comercio de mercancías y servicios

diciembre 13, 2012

12 de diciembre de 2012

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

El de 12 de diciembre de 2012, Panamá notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la Argentina sobre la supuesta discriminación y las supuestas restricciones que entrañan determinadas medidas aplicadas por la Argentina al comercio de mercancías y servicios.

Se trata de la octava diferencia concerniente a la Argentina que se notifica a la Secretaría de la OMC desde mayo de este año. Las demás diferencias se refieren a asuntos planteados por la Unión Europea, los Estados Unidos, el Japón y México contra la Argentina, a un asunto planteado por la Argentina contra la Unión Europea y a dos asuntos planteados contra los Estados Unidos.

Moreno en Brasil: “Se están resolviendo los obstáculos”

septiembre 19, 2012

AGENCIAS San Pablo

El secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dijo hoy que los “obstáculos” que dificultaban el intercambio comercial entre Brasil y Argentina se están resolviendo y aseguró que hace “muchas décadas” que América Latina carece de voz en el debate económico mundial.

“Creo que se están resolviendo todos los obstáculos”, dijo Moreno, quien explicó que observa un clima de “participación” entre empresarios de ambos países y resaltó que si el proceso de intercambio comercial se llevara a cabo en “moneda local” sería un “avance muy relevante tanto para el comercio brasileño como para el comercio argentino”.

El funcionario también declaró que “hace muchas décadas que América Latina no opina, no participa del debate mundial en términos económicos”.

Moreno hizo estas declaraciones durante una visita a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) acompañado de una delegación integrada por un centenar de empresarios argentinos del sector de los componentes de automoción.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo intercambios comerciales en moneda local, el presidente de la Fiesp dijo que “sin duda eso destrabaría el comercio” entre ambas partes.  

Promesa de Moreno: liberar importaciones desde julio

abril 16, 2012

Lo curioso (o no tanto) es que para estas autorizaciones tampoco parece haber primado un criterio.

Esta misma falta de patrón se verificó para las «observaciones» (o sea, los rechazos) que formula el organismo que capitanea Guillermo Moreno. Así, hay terminales automotrices que pudieron retirar las autopartes del puerto y otras que no.

Sin embargo, hay dos ramas casi paradigmáticas. Una es la industria editorial: los libros comenzaron a ingresar en masa, tras la polémica que se suscitó cuando se sancionó una norma que exigía a los importadores pasar por un testeo de porcentaje de plomo en las tintas que se habían usado para su impresión. En el otro extremo están la marroquinería y los perfumes y cosméticos: desde hace meses no entra una cartera, una mochila, un frasco de colonia o una crema «anti age». Un importante importador de perfumes le confesó a este diario que tenía stock hasta agosto si le vendiera a toda su cadena de distribución, pero había decidido entregarles mercadería sólo a sus veinte clientes principales para poder mantenerse en el mercado al menos hasta septiembre.

La gran duda en el sector es si esta miniliberalización que se verificó (con cuentagotas, es cierto) durante los últimos diez días se mantendrá en el tiempo. Moreno les ha dicho en privado a muchos de los empresarios con los que se reunió que tienen que ser pacientes: prometió que en el segundo semestre del año va a estar todo «normalizado».

Hay poca fe en las palabras del poderoso funcionario; lo mismo dijo hace un año respecto de las licencias no automáticas, que impiden -en algunos casos durante meses, y violando las normas de la Organización Mundial del Comercio- la entrada el país de embarques de mercadería importada.

Por ahora las góndolas de los supermercados, los comercios y muchas fábricas locales (a las que les faltan insumos) siguen padeciendo las trabas a la importación que vienen desde hace casi tres años, pero que se agravaron de manera exponencial desde el 1 de febrero, cuando entró en vigencia el régimen de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

Por eso, en el mercado se habla desembozadamente ya de dos fenómenos fácilmente comprobables:

El contrabando está aumentando de manera preocupante; muchos fabricantes que no pueden importar «por derecha» insumos fundamentales optan por traerlos «por izquierda»; el costo es mayor y además esos fabricantes estarían vendiendo en negro lo que fabrican con esas materias primas de contrabando, ante la imposibilidad de justificar su origen. La informalidad, entonces, sería doble: no se pagan derechos de importación y tampoco los impuestos correspondientes.

La «compra» de bienes exportables por quienes se comprometieron con Moreno al «uno a uno» (exportar el equivalente a un dólar por cada dólar de mercadería importada que traen). En todos los casos, la «omisión» por este servicio ronda el 10% sobre el valor de la mercadería exportable. En otras palabras: un importador -por caso, de computadoras- se compromete a exportar por igual cantidad, pero como no tiene fábricas en el país (sencillamente porque no las hay; de electrónica se trae todo, armado o para armar en Tierra del Fuego), se conecta con -por ejemplo- una empresa que vende software a clientes en el exterior, o que «exporta» atención al público de otros países a través de sus call centers. Se pacta la «comisión» (entre ocho y diez por ciento), y el «exportador» pasa a ser el importador de computadoras. Obviamente, se trata de una exportación que para la balanza comercial da suma cero; esas ventas se habrían realizado de todos modos. Sólo en algunos casos el importador transformado en exportador les abre las puertas a mercados del exterior a sus «proveedores» de productos transables fuera del país.

FUENTE: Ámbito Financiero

 

Aduana promete liberar importaciones en 72 horas

abril 11, 2012

Un alto funcionario de la Aduana les prometió ayer a los despachantes que en las próximas 72 horas comenzarán a liberarse los embarques detenidos en las terminales portuarias. La medida fue adelantada por Daniel Santanna, subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, a una delegación del Centro de Despachantes de Aduana (CDA), encabezada por su presidente, Gustavo López.

Según fuentes cercanas al CDA, durante el encuentro los despachantes le plantearon al funcionario las enormes dificultades que enfrentaban tanto sus firmas como sus clientes, que van desde los cierres de locales por falta de mercadería hasta la necesidad de cerrar fábricas por la falta de insumos o partes. También se habló de que las terminales están tan abarrotadas de containers que ya no pueden entrar ni los camiones.

La Aduana prometió que esta semana esos containers -siempre que se haya cumplido con los trámites ante la AFIP y recibido el visto bueno de la Secretaría de Comercio Interior– comenzarán a salir del puerto. Los despachantes le dijeron que justamente en la dependencia de Guillermo Moreno se originan los problemas: es allí donde hay cerca de 130.000 pedidos de importación «observados». El funcionario dijo que la promesa incluía la aprobación por parte de Moreno de buena parte de esos despachos.

Los despachantes recordaron que a las puertas de los depósitos fiscales de Buenos Aires (DEFIBA) hay en estos momentos noventa camiones cargados con mercadería tan diversa como latas de durazno y autopartes, todos ellos llegados desde Brasil y Uruguay. Toda esa mercadería está hoy en el denominado «canal rojo». Esa categoría garantiza una demora de al menos treinta días para poder retirar los bienes del depósito fiscal.

Si bien Santanna no les aseguró que pasarán a «canal verde» de inmediato, les adelantó que esta semana comenzará a realizarse una «verificación» y luego se liberarán las cargas.

La gran pregunta en este caso es si la medida de la autoridad aduanera cuenta con el visto bueno de Moreno, verdadero dueño de la vida y la muerte en lo que hace a importaciones. Nadie se animó a preguntarle a Santanna si esta liberalización repentina había sido acordada con el poderoso funcionario.

No fue el único indicio positivo que recibieron ayer los importadores: Alejandro Bzurovski, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, dijo en el programa radial «Comercio Exterior Siglo XXI» que los presidentes Cristina de Kirchner y José Mujica habían convenido que los dos países aceptarán operar en las monedas de ambos países en sus operaciones de comercio exterior. La medida había sido solicitada por todo el sector privado uruguayo como una forma de destrabar las exportaciones hacia la Argentina que -según fuentes de ese país- cayeron un 10% en marzo y amenazan con descender un 10% adicional en abril.

Esta «desdolarización» del comercio bilateral ya se aplica con Brasil, pero sin éxito. El gran problema con las operaciones con Uruguay, además, es con qué tipo de cambio se arbitrarán esas operaciones; cualquiera que haya viajado al país vecino sabe que en las casas de cambio el peso se arbitra según el dólar «blue»; habrá que ver si los exportadores orientales estarán dispuestos a perder el «spread» entre el «blanco» en que cobrarán y el «blue».

En tanto, continúan acumulándose los faltantes en insumos y mercaderías varias. Veamos algunos casos:

  • Una de las grandes apuestas de este Gobierno en materia de exportaciones son los vinos de alta gama. El problema es que las bodegas no reciben corchos (material 100% importado cuando se trata de tapones de la mejor calidad) y algunos tipos de botellas especiales que no se hacen en el país. Alguna bodega, como la San Huberto (de la familia Spadone), ya está tapando sus botellas con corchos de plástico.
  • En materia de marroquinería no entró nada: el 100% de los embarques está detenido en la Aduana; lo dicen tanto los despachantes como los empresarios del sector. Algunos importadores cumplieron con todos los pasos: les aprobaron la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones, la Nota de Pedido a Moreno y hasta un plan de exportaciones compensatorias; ahora los pasaron al denominado Control Exhaustivo Aleatorio, en el que intervienen varios organismos del Estado, incluida la Policía Aduanera. El trámite no toma menos de 20 días hábiles, lo que causa la desesperación de quienes ya no tienen qué vender y además deben cargar con los costos financieros y de depósito por esa mercadería. 
  • También en el rubro perfumería y cosmética comienzan a achicarse los stocks que los importadores acumularon en previsión de que sucediera lo que finalmente pasó.

Fuente: Ambito financiero

Restricciones a las importaciones: señales de alerta

marzo 29, 2012

Por Daniela Villaro

Las medidas que buscan poner un cepo a las importaciones reflejan con luces y sombras en el universo pyme. Desde distintos sectores donde se agrupan las pequeñas y medianas empresas, no hay una lectura única. Por un lado, se celebra la tendencia a la sustitución de importaciones e incorporación tecnología y mano de obra al mercado local. Sin embargo, al mismo tiempo se levantan voces de alerta sobre el mecanismo implementado, de forma centralizada y hasta discrecional, que está generando demoras concretas en el acceso a la materia prima para el procesamiento y afecta, en diferente medida, a distintos sectores de la economía.
“A principios de febrero, cuando salió la resolución, nos preocupamos un poco. El 100% de las telas que usamos son importadas de Chile y Brasil, porque lo disponible en el mercado local alcanza para cubrir sólo el 30% de la demanda”, cuenta Pablo Rumelfanger, gerente General de Coresa Argentina, la firma que produce envases y bolsas gigantes para el envasado de materia prima y productos del agro y la industria. Así empezó el derrotero de trámites para obtener la autorización. “Una parte de las presentaciones que hicimos ante la Secretaría de Comercio salió observada, por lo que pedimos una entrevista al tiempo que íbamos contestando sobre el uso que le damos a la materia prima, si la empresa estaba en orden con sus impuestos y explicando nuestra actividad. Le contamos que más del 60% de nuestros clientes usan nuestros envases para exportar a granel. Con ese planteo, se destrabó todo”, repasa el empresario.
Si bien tuvieron demoras de 20 días -en los que trabajó con stock-, hoy Coresa está importando las telas sobre las que agregan valor: las bolsas se hacen a medida de cada cliente.
La fábrica está en San Antonio de Areco, tiene 140 empleados directos y factura u$s 1,5 millón al mes. Sus principales clientes son exportadores de maní, maíz y harina. La firma trabaja con un inventario de tres meses y, desde que se implementaron las nuevas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), la aprobación demora entre siete y 15 días. “Ya vamos por la DJAI número 20, el proceso es fluido”, apunta Rumelfanger.
La Resolución 3252/2012 (AFIP), publicada en el Boletín Oficial del 10 de enero pasado, establece que los importadores, “en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior”, generen una DJAI. Esta información es luego puesta a disposición de la Secretaría de Comercio Interior, el primer organismo que adhirió al régimen.
En muchos casos, esta disposición está trabando la cadena productiva en varios de sus eslabones, ya que la producción nacional depende de infinidad de insumos importados. El titular de una firma que elabora preeminentemente productos cementicios cuenta que está teniendo dificultad para conseguir el 30% de los productos importados que utiliza en su fábrica: “Usamos cemento blanco que viene de México para nuestro producto estrella. Todavía no tuvimos problemas con ese insumo, que compramos a un importador local que tiene stock de 30 días, pero estamos alerta”, cuenta. Por otra parte, están completando nuevos requisitos de importación para ingresar desde Europa una válvula de inyección que completa un filtro que producen en la Argentina. “Ya no tenemos en stock; hicimos el pedido pero nos han agregado requisitos de importación que debemos completar. Para resolver estos trámites debemos viajar a Buenos Aires, lo que implica un costo extra de tiempo y dinero”, cuenta este empresario del interior del país. “El problema industrial es que, cuando falta un elemento, se corta la cadena. La intención de proteger la producción nacional es loable, pero debe ser aplicada con sintonía fina. Son medidas de mucho impacto porque desordenan“, concluye el ejecutivo que pide, como otros emprendedores consultados para esta nota, mantener su identidad en reserva.”Estas medidas sirven para estimular la industria local, pero se tendrían que haber trazado un año antes. Si los industriales hubiéramos tenido tiempo para prepararnos y hacer planes de inversión, la medida hubiera tenido un impacto más positivo. Con más orden y una mejor comunicación, hubiera resultado más positiva”, coincide un empresario del sector agroindustrial.

Actividad

En estos días se conocieron indicadores que marcan una desaceleración en la industria y el comercio. El nivel de actividad económica creció durante enero 5,5% en relación con igual mes de 2011, según informó el Indec, y mantuvo la tendencia declinante en el ritmo de expansión que comenzó a observarse a fines del año pasado.
Estas cifras corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador que anticipa la evolución del PBI cuyo resultado final se informa por trimestre. El resultado de enero de 2012 muestra que la economía crece a un ritmo que resulta la mitad del porcentaje de enero de 2011, cuando la comparación interanual (respecto a enero de 2010) arrojó una suba de 10,9%.
Cada sector lee el escenario desde un rincón diferente. Ante las trabas para las importaciones de juguetes, “replanteamos nuestra oferta de productos y nos concentramos en incrementar el portfolio de nuestras marcas y productos fabricados por nosotros, tanto para el mercado interno como para exportar a la región”, cuenta Daniel Dimare, director de Marketing y Comunicación Institucional de Juguetes Rasti.
En cuanto a insumos puntuales para la producción de juguetes, la línea Motobox de Rasti, por ejemplo, incluye componentes electrónicos importados. “El micromotor lo venimos importando nosotros sin inconvenientes y el resto lo compramos a importadores locales que suelen entregar con alguna pequeña demora”, dice Dimare.
También los ladrillos Rasti “se fabrican con un plástico que es importado por un proveedor nuestro y que tiene licencias no automáticas (LNA). Hasta el momento nunca tuvimos que detener las máquinas por problemas con la provisión del mismo. En lo que respecta a la inversión en maquinarias importadas, en los últimos meses compramos para la nueva planta, próxima a inaugurarse, varias máquinas de inyección que tenían LNA y pudimos recibirlas en tiempo y forma y ya están fabricando Rasti”, enumera el empresario.Además, Dimare repasa que “a nivel general del mercado del juguete, las cantidades anuales totales en kilogramos o en dólares FOB de las importaciones de juguetes del 2011 fueron muy similares al volumen de 2010. Además, ocho de los supermercados importaron en total, un 65% más de juguetes en los primeros 10 meses del 2011 versus 2010 (en Kg). No hubo restricción”.
Desde el sector textil, el dueño de Onna Sweaters, Daniel Berardo, hace su lectura: “Percibimos un impacto bueno y otro malo. Por un lado, hay más mercado interno porque las marcas ya no pueden comprar afuera. Tuve una reunión con un grupo chileno que importaba y trabajaba para cadenas, y ahora está buscando fabricas nacionales. Por otra parte, estamos teniendo problemas con las materias primas”. Es que las lanas nacionales suelen tener algún componente importado (viscosa o acrílicos, que componen entre 10 y 15% de la materia prima) y los productores locales están teniendo dificultades para comprarlo. Otro de los aspectos que impactan negativamente sobre su actividad, dice Berardo, pasa por los repuestos de las maquinarias. “Hay repuestos que se consumen a diario, como las agujas, que son importadas y se cambian seguido por el desgaste. Además, ante la escasez de productos, se están consumiendo los stocks y empiezan a subir los precios en plaza”, detalla el empresario. Onna Sweaters es una firma marplatense que tiene dos locales propios, una franquicia, más de 20 empleados, vende el 40% de su producción en el interior e invirtió en el último año unos u$s 140.000 en dos maquinarias usadas provenientes de Europa para aumentar la producción en un 20%. La firma produce con su propia marca y también para otras firmas.
La preocupación también se extiende a mediano plazo. “El balance lo vamos a poder hacer en unos meses. Por ahora se están consumiendo stocks y hay que ver si, en algún momento, el Gobierno da prioridad a la entrada de insumos fundamentales. Las prendas que están ahora en el mercado son las que se encargaron hace varios meses, antes de estas medidas. Vamos a ver qué pasa en cinco o seis meses”, dice Berardo. Mientras, el empresario apura -por las dudas- la compra de hilados para la temporada de verano ya que “hay mucha incertidumbre y un mercado inestable”, sostiene.
“Se afecta el encadenamiento de las etapas productivas y, lo peor, se afectan las expectativas. El primer problema es mirar la balanza comercial desde las importaciones. Lo más lógico es decir ‘vendamos más’, no ‘compremos menos’. Con estas medidas el Gobierno admite que es difícil defender la balanza por el lado de las exportaciones”, analizó la semana pasada Marcelo Elizondo, director general de la consultoría DNI, durante el V Seminario Pyme, organizado por El Cronista Comercial y la revista Apertura.
Como paliativo a la dificultad para obtener insumos importados, el presidente de la Unión Industrial de Zárate, Eduardo Campos, recomienda “trabajar con las cámaras, para llegar al ministerio de Economía y plantear la situación. Sabemos que no hay tiempo y muchas empresas se quejan, especialmente en el sector metalúrgico, porque empiezan a sentirse los efectos de algunas faltas, pero lo mejor es hacer el reclamo en conjunto”, refuerza.

Impacto

Las disposiciones tienen diferente repercusión en las industrias. Uno de los sectores más favorecidos es el de electrodomésticos industria nacional. “Estamos abocados a potenciar al máximo la producción que tendremos en nuestra nueva planta modelo en Granadero Baigorria, en Santa Fe. Allí, y luego de una inversión de $ 35 millones, con una extensión de 13.000 metros cuadrados y tecnología de vanguardia, vamos a continuar con la apuesta a la fabricación nacional”, sostiene Luis Cafferatta, Gerente Comercial de Electrodomésticos Liliana. El empresario admite que, si bien la mayor parte es producción nacional, utilizan ciertos insumos importados. “Día a día vamos sumando nuevas opciones buscando crear matrices, productos y tecnología que asistan a abastecer localmente al mercado”, sostiene Cafferatta. Liliana es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de producción en la ciudad de Rosario
También un empresario de la industria de la refrigeración de la zona de Rosario, afirma que registraron algunos inconvenientes para importar motores de Brasil, pero el saldo es positivo. “Tuvimos algunas demoras que se resolvieron. Lo cierto es que nuestro sector ha sido muy beneficiado por las licencias no automáticas y hemos crecido sustituyendo importaciones. Hoy se produce localmente el 90% del mercado local de refrigeración, cuando hace seis años el 75% era importado. Al mismo tiempo, fuimos creciendo con inversiones y personal. Este plan para proteger la industria nacional nos favoreció, aunque hay cosas para mejorar”, cuenta el industrial.
Según Idesa, en base a datos del Ministerio de Economía referidos a 2010 y 2011, el total de importaciones de la Argentina equivale al 16% del PBI. Al comparar este indicador con otros países, Idesa establece que en Brasil, las importaciones equivalen a aproximadamente el 12% del PBI; en Australia al 22%; en Nueva Zelanda al 26% y en Canadá al 31%. En el conjunto de los países desarrollados las importaciones promedian el 40% del PBI de cada país. “Estas evidencias muestran, con claridad, que la Argentina no se caracteriza por tener un alto nivel de importaciones. Las compras al exterior son un poco más altas que en Brasil (que por ser un país mucho más grande depende menos de la integración con otros países), pero mucho más bajas que en países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá”, dice el informe.
Entre los empresarios, no obstante, persiste la confianza en que algún momento (algunos creen que sería a partir de abril) se corregirán las distorsiones y se simplificará la importación de insumos fundamentales para producir. Mientras tanto, el instinto empresario vuelve a ponerse a prueba.

 
fuente: cronista

Endurecen los controles para el ingreso de importaciones al país

marzo 28, 2012

En línea con las medidas que el Gobierno ha tomado en los últimos meses para restringir las importaciones y cuidar los dólares que genera la balanza comercial, la AFIP dio ayer otro paso que apunta a endurecer los controles sobre el ingreso de mercadería al país.
Mediante un comunicado, el organismo que conduce Ricardo Echegaray informó sobre nuevas medidas “para fortalecer los controles en tiempo real relacionados con la verificación física y el control de valor en las operaciones de importación, que se suman a la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI)”. A tal fin, se conformará un equipo multidisciplinario de profesionales técnicos, verificadores, valoradores e inspectores. Además, se tomarán muestras de las mercaderías a ser ingresadas al país por la aduana y se analizarán.
Otros de las medidas es la toma de diez fotografías de la carga que se intenta hacer entrar en los contenedores, las cuales se adjuntarán a la Declaración Aduanera para luego ser auditadas por distintas áreas de la AFIP.
El objetivo es “evitar los saltos en la posiciones arancelarias”, explicaron desde el organismo recaudador. Y agregaron: “Con estas medidas se pretende lograr un régimen comercial más seguro y transparente, que proteja la industria nacional y favorezca el modelo de desarrollo productivo con inclusión social y sostenimiento del empleo registrado”.
Todas estas innovaciones se plasmaron en la resolución general 3304 de la AFIP que en los próximos días será publicada en el Boletín Oficial. Complementa la resolución 3252 mediante la cual se estableció la DJAI, y que fue objeto de numerosas críticas y reclamos no sólo de los importadores, sino también de varios países de la región con estrechos vínculos comerciales con la Argentina, como Brasil, Paraguay y Uruguay.
Desde la AFIP explicaron que en una primera etapa, el nuevo control será aplicable solamente a las mercaderías arribadas en contenedores. Pero no se descarta que en el futuro este sistema se pueda expandir a otras modalidades de importación.

Reunión en la UIA

Precisamente las dificultades que están generando las trabas a las importaciones es uno de los temas que preocupa a los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuya Junta Directiva se reunió ayer. Aunque públicamente intentan matizar sus diferencias con el Gobierno, en lo privado se muestran mayores diferencias.
Entre los temas que trató ayer en la UIA también se analizó la marcha de las negociaciones salariales y la necesidad de tener en cuenta la situación de cada uno de los sectores para que los incrementos salariales no afecten la competitividad. Asimismo, se evaluaron los resultados de la reunión que mantuvo la semana pasada la entidad con la Confederación Nacional de Industrias de Brasil y el impacto que puede tener en la economía el anuncio efectuado por el gobierno de los Estados Unidos respecto de excluir a la Argentina del Sistema General de Preferencias (SGP).
Desde numerosos sectores de la actividad económica se señala que a raíz de los controles a las importaciones están faltando algunos insumos y artículos vitales. Como algunos medicamentos. Pero también otros que generan malestar en la población, como autopartes y libros, tanto de interés público como científico o académico.

Fuente: el cronista