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Critican la amplia batería de requisitos para importar juguetes en la Argentina

octubre 6, 2009

Carlos Restaino, director de la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines, analiza las múltiples exigencias que se deben sortear actualmente para poder operar en el país

Implementar algunas de los acuerdos o medidas que los países miembros del GATT han consensuado y decidido incluir en el Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994, que puso en funcionamiento la OMC, es absolutamente normal, lógico, y racional.

No admite la menor duda ni debe originar la minima controversia.

Como ya comentamos en un artículo anterior (para acceder al mismo, haga clic aquí), las dificultades surgen en los métodos de aplicación de las medidas.

Por otra parte, está claro que en nuestro país, las empresas que decidan importar, deben dar cumplimiento a una serie de normas y especificaciones, algunas de ellas sumamente especiales, conforme al sector del que se trate. Esta situación hasta podría generar una especie de “especialización post grado” en Comercio Exterior.

Comparativamente, lo que afecta a la importación de mercaderías del sector Juguetes habilitaría a un “doctorado” especial, pues es difícil identificar algo que no se aplique al mismo.

En efecto, revisando la normativa, las empresas deben accionar, cumplir, obtener o certificar productos conforme al siguiente listado de exigencias:

Certificado de Origen
Certificado de Seguridad de Producto Certificado de Pilas y/o Baterías (si corresponde)
Certificado de Seguridad por Código Alimentario (si corresponde)
Certificado de Importación de Juguetes (CIJ)
Certificado de Contenido de Ftalatos
Facturas visadas en origen
Valores FOB iguales o superiores a los Valores Criterio
Acciones contra el Fraude Marcario
Acciones contra imitación, usurpación de marca o ingreso ilegal de mercaderias
Otros de orden general
Debe mencionarse que no todos los certificados y acciones citadas tienen características similares. Por ejemplo, los plazos de validez pueden colisionar entre ellos si no se los administra con una “logística documentaría” específica. (En el listado anterior se omitió intencionalmente mencionar algunas exigencias relacionadas con Identificación y Rotulados.)

No es complejo deducir que las empresas y profesionales vinculados al sector no solo deben introducirse en “callejones de inteligencia” relacionados con el tipo de norma, resolución o especificación a cumplir a los que seguramente nunca estuvieron expuestos, sino además transitar y atravesar los laberintos burocráticos individuales que también operan con sus propias características, velocidades y métodos.

¿Qué sucede entonces con los costos de todas estas exigencias? Se estima que las empresas toman en cuenta en sus análisis preliminares, el impacto de aquellas consideradas normales, o de aplicación habitual en otros países o regiones, pero resultaría casi imposible que se puedan considerar otras de aplicación o tratamiento particular en nuestro país.

Vaya como ejemplo el Certificado de Contenido de ftalatos, que responde a una especificación aplicada en varias regiones, pero que en nuestro país, si bien conocida desde por mas de una década, desde hace un año ha adoptado una forma de aplicación que simplemente la hace de cumplimiento casi imposible para muchos de los operadoras, por su complejo trámite como por los plazos requeridos y forma y visión particular de las autoridades y funcionarios de los organismos actuantes.

FUENTE: Infobae Profesional