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Importadores celebran el fin de las DJAI

julio 21, 2015

EDICIÓN IMPRESA ECONOMÍA Y POLÍTICA 15.07.15 | 00:00

El cronista

El presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Diego Pérez Santisteban, celebró ayer que el Gobierno acordara con la Unión Europea y con Estados Unidos desmontar el 31 de diciembre próximo las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), aunque advirtió que “la discrecionalidad impidió el desarrollo de inversiones o proyectos productivos”.

“En el proceso de desarrollo de las importaciones, Argentina introducía requerimientos o manejaba las solicitudes de forma que no eran compatibles con todos los procesos que la misma Argentina tenía como país signatario del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio”, explicó.

En declaraciones a radio Continental, Pérez Santisteban evaluó que “los tiempos se han desarrollado de una manera tal que el final de esta causa va a tener que ser adoptado por el nuevo Gobierno, que tendrá 20 días para resolverlo”.

“Si Argentina no lo hace, se somete a la posibilidad de retaliación de exportaciones de estos cuarenta y pico de países muchos de los cuales son grandes compradores de productos argentinos también”, indicó.

Según Pérez Santisteban, “el daño ya ocurrió. Si el nuevo gobierno está dispuesto a que Argentina termine con este aislamiento comercial y vuelva a los mercados internacionales, ésta es una de las primeras cosas que tendrá que evitar”.


“Se ha sufrido esta etapa. La discrecionalidad impidió el desarrollo de inversiones o proyectos productivos”, prosiguió.


En las últimas horas trascendió que el Gobierno acordó con la Unión Europea y con Estados Unidos desmontar el 31 de diciembre próximo las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) luego de perder un juicio arbitral ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La medida se hará efectiva 21 días después de que la presidenta Cristina Fernández finalice su segundo mandato, por lo que será su sucesor el encargado de llevarla a la práctica.

Se trata de un panel que perdió la Argentina, iniciado en julio de 2012 por los países socios de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y varios Estados emergentes, entre los que estaba México.

El panel cuestionaba las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), sistema este que obliga a los importadores a hacer una presentación previa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que a su vez debe constar con la aprobación de la Secretaria de Comercio.

A pesar del fallo de la OMC, los presidenciables prometen continuar con protección a la industria

julio 21, 2015

COLUMNISTAS 21.07.15 | 00:00

Esteban Rafele

Las restricciones a las importaciones continuarán con el próximo gobierno, afirmaron a El Cronista referentes económicos de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa.
Los espacios políticos con más posibilidades de ocupar el Ejecutivo después del 10 de diciembre trabajan en alternativas que reemplacen o complementen a la Declaración Jurada de Anticipo de Importación (DJAI), que perderá su razón de ser a partir del año próximo, luego de un fallo contra el país de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de que el propio Gobierno se comprometiera a modificar el sistema antes del 31 de diciembre.
Equipos técnicos del Frente para la Victoria (FPV), el Pro y el Frente Renovador (FR) mantuvieron reuniones con las cámaras de los sectores sensibles a la apertura de importación, como el textil, el del calzado, el de electrodomésticos de línea blanca y el del juguete. Los tres espacios ratificaron que continuarán con el proteccionismo.
A raíz de una demanda de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, un panel de la OMC ratificó a comienzos de año que Argentina deberá cesar con las medidas que violan normas de comercio internacional, como el uso indebido de Licencias No Automáticas, la obligación a empresas a invertir para poder importar, el pedido de exportar un dólar por cada dólar importado o el sistema de DJAI.
A comienzos de julio, el Gobierno se comprometió a realizar los cambios necesarios antes de fin de año. Eso no significa que el país eliminará las trabas a las importaciones. “Es claro que mientras siga habiendo restricción de dólares, se seguirán administrando”, dijo el economista director de Abeceb.com Dante Sica. “En la medida en que mejore la disponibilidad de divisas, habrá criterios más específicos de protección comercial para los sectores sensibles, y no como ahora, que se toman en forma indiscriminada y no por protección, sino por necesidad de dólares”, agregó el experto, consultado por referentes de las campañas de Scioli y Macri.

Con o sin DJAI

El secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuvo reuniones con sectores sensibles para trabajar en políticas alternativas a las DJAI. El Ministerio de Economía dice en que el actual sistema de “administración del comercio” continuará hasta fin de año, aunque admite que las DJAI perderán su razón de ser después. Costa y los asesores de los tres candidatos coinciden en que habrá medidas alternativas, dentro de los parámetros de la OMC, para frenar importaciones.
El sciolismo apuesta a que la actual administración deje resuelto el tema, confiaron cerca del candidato, con el proteccionismo como premisa. No obstante, José “Pepe” Scioli, la ministra de Economía Silvina Batakis y otros mantienen reuniones con los sectores sensibles. En el entorno de Costa afirmaron a El Cronista que trabajan en alternativas para complementar las modificaciones requeridas en el sistema de DJAI, como políticas de reciprocidad, parámetros fitosanitarios y requisitos de seguridad y calidad que deben cumplir los productos para entrar al país.
Según Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación ProTejer, trabajan junto al Gobierno en implementar limitantes por “dumping social” (el respeto de normas mínimas de higiene, seguridad laboral y trabajo de menores), normas de etiquetado y composición de productos (“Hay productos que pueden ser contaminantes”, explicó) y la implementación correcta de las Licencias No Automáticas (LNA). “La idea es trabajar en lo que queda del año con la actual administración y no empezar de cero con el próximo gobierno, sino que haya una continuidad”, dijo Sorabilla.
Técnicos del macrismo se reunieron con sectores industriales y les garantizaron “una visión muy gradualista e industrialista”, dijo uno de los asesores que participa de los encuentros, encabezados por el ministro de Desarrollo Económico porteño Francisco Cabrera y técnicos de la Fundación Pensar. “Venimos hablando con los sectores, con ProTejer, la cadena metalmecánica, con la convicción de que sería un grave error dar un volantazo. Las DJAI son ilegales, pero hay que ser inteligentes; ningún país del mundo permite que los textiles chinos arrasen con la industria mano de obra intensiva”, afirmó. La premisa es “apuntar a una industrialización inteligente, insertándose en las cadenas de producción global”, continuó.
El massismo tiene el anhelo de volver a una “correcta administración del comercio exterior”, como la que, entienden, se implementó en tiempos del ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Los referentes del FR coinciden en la búsqueda de herramientas alternativas de protección, como las políticas de reciprocidad, los acuerdos sectoriales entre privados, las barreras antidumping y la implementación de trabas fitosanitarias.

CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LA OMC: QUÉ ESTÁ DISCUTIENDO LA ARGENTINA EN ESTE TIEMPO (Y CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS)

febrero 6, 2013

En los últimos días, fue noticia de los principales medios de comunicación el hecho de que Argentina contempla afrontar en los próximos meses situaciones relacionadas con dirimir conflictos comerciales dentro de la OMC, ya sea como demandante o como demandada. Para el público en general, en ocasiones, es complejo comprender a qué se enfrenta nuestro país cuando se abordan estos temas, e incluso algunas de las informaciones publicadas no exhiben la profundidad que estos temas merecen. Por este motivo, me permito en esta ocasión hacerles llegar un breve resumen respecto de lo que se está discutiendo (y se va a discutir) en la OMC.
 
El 28 de enero de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan la importación de mercancías”. En respuesta a una solicitud de Argentina, se formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de Argentina”.

El sistema multilateral de comercio, tal como se lo entiende en la actualidad, abarca un conjunto de normas e instituciones destinados a regular las condiciones del intercambio de bienes y servicios. Hasta el año 2011, más de 500 casos se han resuelto bajo el mecanismo de solución de controversias dispuesto en el marco de la OMC, organización que en inglés se conoce como WTO (World Trade Organization). El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral de comercio, ya que sin un medio de solución de diferencias, el sistema basado en normas sería menos eficaz puesto que no podrían hacerse cumplir las normas. El sistema se basa en normas claramente definidas, y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Esto es así porque en el antiguo GATT existía un procedimiento de solución de diferencias, pero no preveía plazos fijos. Por lo tanto, era más fácil obstruir la adopción de las resoluciones y, en muchos casos, pasaba mucho tiempo sin que se llegara a una solución concluyente.

En este sentido, el Acuerdo de la Ronda Uruguay estableció un procedimiento más estructurado, con etapas más claramente definidas. Implantó una mayor disciplina en cuanto al tiempo que debía tardarse en resolver una diferencia, con plazos flexibles para las diversas etapas del procedimiento. Además, se hace hincapié en que para que la OMC funcione eficazmente, es esencial la pronta solución de las diferencias. A tal efecto, las primeras resoluciones son adoptadas por un grupo especial y respaldadas (o rechazadas) por la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible apelar basándose en cuestiones de derecho.

Ahora bien, lo importante no es dictar sentencia: la cuestión prioritaria es resolver las diferencias, de ser posible mediante la celebración de consultas. Hasta 2010, solo en 130 de los 332 casos planteados se llegó al final del procedimiento del grupo especial. En cuanto al resto de los casos, en la mayoría de ellos se notificó su solución “extrajudicial” o seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos desde 1999. Las diferencias que surgen en la OMC se refieren esencialmente a que cuando los Miembros de la OMC estimen que otros Miembros han infringido las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilateralmente. Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que otro país u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos. Se establecen con gran detalle el procedimiento y el calendario que han de seguirse al resolver las diferencias. Un caso que siga su curso completo hasta la primera resolución no debe durar normalmente más de un año, o 15 meses en caso de haber apelación. Los plazos convenidos son flexibles y, si se considera que un caso es urgente, se acelera en la mayor medida posible su solución.

Por otro lado, el Acuerdo determina también que sea imposible que el país que pierda un caso obstruya la adopción de la resolución. Con arreglo al anterior procedimiento del GATT, las resoluciones únicamente podían adoptarse por consenso, lo que significaba que una sola objeción podía bloquear la adopción. Actualmente, la resolución se adopta automáticamente a menos que haya consenso para rechazarla. Es decir, si un país desea bloquear la resolución, tiene que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC (incluido su adversario en la diferencia). Aunque el procedimiento es en gran parte análogo al de un tribunal o corte de justicia, la solución preferida es que los países afectados examinen sus problemas y resuelvan la diferencia por sí solos. Así, pues, la primera etapa es la celebración de consultas entre los gobiernos parte en la diferencia. Aun cuando el caso siga su curso y llegue a otras etapas, sigue siendo siempre posible la celebración de consultas y la mediación.

La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de Diferencias u OSD (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los Miembros de la OMC. El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer “grupos especiales” de expertos para que examinen la diferencia, y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones, y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.

A modo de síntesis, en una primera etapa, se efectúan consultas ya que, antes de adoptar cualquier otra medida, los países parte en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. En una segunda etapa, y si en las consultas celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial. El país “acusado” puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el OSD se reúna por segunda vez (a menos que haya consenso contra la constitución del grupo especial). Oficialmente, el grupo especial ayuda al OSD a dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los Acuerdos invocados. Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de urgencia, por ejemplo, de tratarse de productos perecederos, ese plazo se reduce a tres meses.

En el acuerdo, se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Antes de la primera audiencia, cada parte en la diferencia expone por escrito sus argumentos al grupo especial. En la primera audiencia con el grupo especial, el país reclamante (o los países reclamantes), el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia exponen sus argumentos. Los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. Cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de expertos para que prepare un informe al respecto. Así, el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. No se incluyen las constataciones y conclusiones. 

A continuación, el grupo especial da traslado de un informe provisional (en el que sí se incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana para que soliciten un reexamen, que no debe exceder el plazo de dos semanas. Durante ese tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia.
 
Por último, se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción a un Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con  dichas disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podría hacerse.  Transcurridos 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del OSD, a menos que se rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar, y para hacerlo deben basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica. No es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones.

Cada apelación es examinada por tres miembros de un Órgano Permanente de Apelación, establecido por el OSD e integrado por siete miembros representativos, en términos generales, de la composición de la OMC. Los miembros del Órgano de Apelación son nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén vinculadas a ningún gobierno. La apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días, y en ningún caso excederá los 90 días. El OSD tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días, y únicamente puede rechazarlo por consenso.

Una vez resuelto el caso, el país que debe rectificar alguna cuestión debe hacerlo rápidamente. Si sigue infringiendo un acuerdo, debe ofrecer una compensación o sufrir una sanción adecuada que le haga cierto efecto. Incluso una vez decidido el caso, todavía hay que hacer algo antes de la imposición de sanciones comerciales (que es la pena que suele imponerse). La cuestión prioritaria en esta etapa es que el “demandado” perdedor modifique su política de conformidad a la resolución o recomendación. En el acuerdo sobre la solución de diferencias se hace hincapié en que “para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD”.

Si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del grupo especial o del órgano de apelación. Debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En caso de que no sea factible cumplir de inmediato las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un “plazo prudencial” para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de interés especial para la parte reclamante.

La situación evolutiva existente entre el conjunto jurídico de los Acuerdos y el universo más amplio del derecho internacional público debe ser considerada de manera fundamental, ya que en nuestro caso responde a realidades específicas de la estructura productiva nacional. En ese sentido, reclamamos o nos reclaman porque hay un interés comercial concreto que puede afectar la generación de negocios externos.

En resumen, lo que se está discutiendo en relación con nuestro país es lo siguiente:

Argentina como demandada: demandas contra el supuesto proteccionismo que despliega el gobierno, presentadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, unificadas en un solo caso.

Argentina como demandante: se conformó un tribunal para analizar la denuncia argentina contra Estados Unidos por las trabas que el país del Norte impone a la carne y el limón producidos en el país.

Preguntas y respuestas:

P: En ambos casos, ¿se puede esperar una resolución inmediata de los temas planteados?
R: No. Si no se llega a un acuerdo previo y el proceso sigue su rutina hasta el final, la resolución puede demandar entre 14 y 15 meses, o incluso más.

P: La eliminación de las licencias no automáticas por parte de la Argentina, ¿ayuda a descomprimir la situación?
R: Si, pero no del todo debido a la persistencia del régimen de DJAI.

P: Si en un futuro no muy lejano, Argentina elimina el régimen de DJAI, ¿continuarían las acciones del panel contra Argentina?
R: No, perderían su mayor sustento argumentativo.

P: ¿Están relacionadas ambas acciones?
R: Desde un punto de vista objetivo no, dado que, como mencioné en el párrafo anterior, si Argentina elimina el régimen de DJAI, las denuncias en su contra perderían sustento. La demanda Argentina contra las trabas en Estados Unidos podría continuar su curso, ya que las razones que esgrime Estados Unidos para no permitir el ingreso de productos argentinos tienen carácter sanitario y no de licencias.

P: ¿Las denuncias solo persiguen un fin comercial o está incluido el aspecto político?
R: Como las denuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas.

P: ¿Afectan en algo a nuestro país las denuncias efectuadas?
R: No en lo inmediato, pero puede haber correlatos políticos o económicos de acuerdo a lo mencionado más arriba.

P: ¿Es el régimen de DJAI, el principal argumento de los demandantes, un régimen “ilegal” realmente?
R: No. Tal como fue mencionado en informes anteriores, es un régimen previsto incluso dentro de la misma OMC, pero debe observar transparencia y legalidad, y su aplicación no se puede prolongar excesivamente.

P: ¿Tiene la Argentina buenos negociadores para afrontar las demandas?
R De primerísimo nivel, pero como se mencionó, las negociaciones también contienen un rasgo político inevitable.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional, o puede dejar su comentario en el vínculo que se proporciona a continuación.
 
Mg. Néstor Pablo Aleksink
Especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Director Ejecutivo
Programa Argentina Exporta

Se formaron los grupos especiales que estudiarán las diferencias de la Argentina con la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón

enero 30, 2013

El 28 de enero de 2013 el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan a la importación de mercancías”. Respondiendo a una solicitud de la Argentina, formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan a las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de la Argentina”. Atendiendo a una solicitud de Antigua y Barbuda, el OSD aceptó que se suspendiera la aplicación a los Estados Unidos de concesiones y otras obligaciones, de conformidad con la decisión del Árbitro en relación con la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas”.

DS438; DS444; DS445: Argentina — Measures Affecting the Importation of Goods

The EU, US and Japan reiterated their concerns expressed at the December 2012 DSB meeting regarding Argentina’s measures for the importation of goods which appeared to be inconsistent with the GATT 1994 and the Import Licensing Agreement.  In that regard, the EU, US and Japan requested the DSB, for the second time, to establish a panel to examine this matter. 

Argentina said that it had repealed the automatic import licences as well as all the non-automatic import licences as of 25 January 2013.  In that regard, Argentina was of the view that the requests for the establishment of a panel were unfounded but understood that, pursuant to Article 6.1 of the Dispute Settlement Understanding (DSU), a panel would be established. However, Argentina noted that, in view of the repeal, the panel should not rule on measures that were not in force at the time of panel composition. 

Japan, the US and the EU said that the information provided by Argentina on the repeal of measures should not affect the panel’s terms of reference and did not share Argentina’s assertion that the matter had been resolved.  Further to their second requests for the establishment of a panel, the DSB established a single panel pursuant to Article 9.1 of the DSU, with standard terms of reference to examine the complaint by the EU contained in document WT/DS438/11, the complaint by the US contained in document WT/DS444/10 and the complaint by Japan contained in document WT/DS445/10

Australia, Canada, China, Ecuador, EU, Guatemala, India, Japan, Korea, Norway, Saudi Arabia, Switzerland, Chinese Taipei, Thailand, Turkey and the US reserved their third-party rights to participate in the panel’s proceedings.

 

DS447: US — Measures Affecting the Importation of Animals, Meat and other Animal Products from Argentina

Argentina reiterated its concern, as expressed at the December 2012 DSB meeting, regarding certain US measures that affected Argentine imports which it considered to be inconsistent with, inter alia, the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreement and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.  Thus, Argentina requested, for the second time, the DSB to establish a panel to examine this dispute. 

The US said that it was disappointed that Argentina had chosen to request panel establishment for the second time but was ready to defend its measures which were fully compliant with its WTO obligations.  The DSB established a panel, in accordance with Article 6 of the DSU, with standard terms of reference, to examine this dispute. 

Australia, China, EU, India and Korea reserved their third-party rights to participate in the panel’s proceedings.

Políticas comerciales, precios y libertad

enero 30, 2013

Julio J. Nogues Profesor, Universidad Católica Argentina

En los últimos días hubo dos noticias de importancia sobre política comercial: la eliminación de las licencias no automáticas de importación, y el aumento del arancel externo común del Mercosur para 100 productos. La primera es en apariencia, una medida liberalizadora mientras que la segunda es netamente proteccionista. Entonces, ¿es la Argentina un país más o menos abierto al comercio internacional?
La política comercial es quizás la principal determinante del nivel de precios. Sobre los precios elevados, hace poco la Presidenta dijo: “Si no te defendés vos no te defiende nadie” en referencia al uso del poder de compra por parte de los consumidores. La realidad es que los elevados precios resultantes de nuestras políticas comerciales proteccionistas solo pueden ser disminuidos por la Presidenta a través de menores barreras sobre las importaciones: en presencia de las mismas, el poder de compra de los consumidores es totalmente inefectivo. La libertad de elegir la tiene el Ejecutivo y una vez tomada, los argentinos son prisioneros de esta decisión. La ausencia en la Resolución 11/13 ME, de una fundamentación de los criterios que justificaron la eliminación de las licencias sugiere que el Gobierno tomó la misma como quien toma aceite de ricino: obligado por las circunstancias de esa “fuerza externa” que pone trabas a la administración de la economía según los criterios del poder de turno. La fuerza externa ante quien ahora se ha inclinado el poder es la OMC donde varios países tramitan una controversia contra la Argentina entre otras cosas, “por el uso indebido” de nuestra política de licencias.
El silencio que acompaña esta resolución contrasta con el entusiasmo para aumentar el arancel externo común hasta el 35%, máximo permitido por la OMC para 100 productos seleccionados por el Ejecutivo. La producción nacional beneficiada por este aumento incluye varios ejemplos de industrias en decadencia y también algunos de reciente data como el kiwi. Entre los viejos amigos de las políticas proteccionistas se encuentran algunas industrias que incluyen un grupo importante de empresas que nunca pudieron adaptarse a las presiones de la competencia. Algunos ejemplos de industrias con empresas decadentes incluyen juguetes, vestimenta, calzado, línea blanca y la gama de productos ensamblados en Tierra del Fuego: todos productos donde los argentinos sufren irremediablemente la selección de políticas del Ejecutivo. La inclusión de estos productos sugiere la existencias de criterios decisorios alejados de principios socio-económicos.
La Argentina es más cerrada y su economía se moverá hacia un mayor nivel de precios. Esta conclusión se basa en el hecho que persisten políticas como la Declaración Anticipada de Necesidades de Importación aparentemente administrada de una manera tan discrecional como las licencias eliminadas. A esto, se agrega el aumento de aranceles.
La apertura de la economía puede ser vista como un motor del crecimiento y bienestar, o como una manera de independizarse del “imperialismo internacional”. El Gobierno ya ha elegido. Bajo estas circunstancias prevalecerá el status quo y los precios elevados, lo cual también profundizara la fuerte desaceleración económica. La libertad de elección delegada por los argentinos está siendo mal administrada.

Panamá plantea una diferencia contra medidas de la Argentina relativas al comercio de mercancías y servicios

diciembre 13, 2012

12 de diciembre de 2012

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

El de 12 de diciembre de 2012, Panamá notificó a la Secretaría de la OMC una solicitud de celebración de consultas con la Argentina sobre la supuesta discriminación y las supuestas restricciones que entrañan determinadas medidas aplicadas por la Argentina al comercio de mercancías y servicios.

Se trata de la octava diferencia concerniente a la Argentina que se notifica a la Secretaría de la OMC desde mayo de este año. Las demás diferencias se refieren a asuntos planteados por la Unión Europea, los Estados Unidos, el Japón y México contra la Argentina, a un asunto planteado por la Argentina contra la Unión Europea y a dos asuntos planteados contra los Estados Unidos.

El Gobierno estudia imponer 200 licencias no automáticas a importaciones de Asia

octubre 29, 2012

Por Francisco Martirena Auber

Con el objetivo de enfrentar las importaciones asiáticas, el Gobierno analiza la aplicación de más de 200 nuevas licencias no automáticas (LNA), con la mira especialmente en China.

Fuentes oficiales señalaron que es el “mecanismo elegido para frenar la sobreoferta con competencia desleal”. Las LNA, detallaron, abarcarían un importante universo como alimentos, textiles, electrónica,
electromecánica, luminotécnica, informática, vidrio, papel y celulosa, y aluminio.

Algunos de los productos que ingresarían en la nómina que maneja el Ejecutivo serían engranajes, pistones, partes de motor, piezas para la industria petrolera y componentes para fabricantes de ascensores.

En esta dirección, desde el Ejecutivo indicaron que “el hecho de que China sea objeto de LNA y no de una suba en el arancel externo común (AEC), tiene que ver en parte con que Brasil mantiene muchos proyectos de inversión con China”.

En segundo orden, estarían contenidas algunas posiciones del sector textil, que ha pedido un volumen importante de licencias durante el año pasado, fundamentalmente en hilados y tejidos. En este momento hay seiscientas dos posiciones arancelarias cubiertas por las LNA, pero “es una cantidad ocho o diez veces menor que la que tiene Brasil”, aclararon en el Gobierno.

El grueso de las renovadas medidas parecería apuntar a los sectores metalmecánico y textil, donde “hay un parva de pedidos a la espera de que exista una mayor protección”.

El foco de la atención son las mercaderías provenientes de China, la India y el sudeste asiático, y “por lo que han manifestado desde el Gobierno, la idea obviamente no es pelearnos con Brasil, porque eso sería ridículo”, ampliaron las fuentes empresariales.

Las LNA son un mecanismo de defensa comercial normado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que obliga a los importadores a pedir un permiso especial para ingresar los productos y otorga al Estado sesenta días corridos para aprobar los pedidos.

El Gobierno, asimismo, debe resolver en el corto plazo cuántas posiciones arancelarias tendrán un aumento para combatir los bienes extrazona. En este sentido, Brasil se adelantó y ya anunció la elevación del AEC para un listado de cien posiciones.

Dan más poder a Paglieri para controlar el ingreso de las importaciones

junio 28, 2012

El Gobierno modificó el modelo de los certificados de importación, que ahora deberán ser impresos en papeles de seguridad y tendrán una vigencia de 60 días corridos desde el momento de su emisión.
Así lo establece la resolución 304, publicada ayer en el Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La norma, además, ratifica que la Secretaría de Comercio Exterior, a cargo de Beatriz Paglieri, será la autoridad de aplicación y está facultada a “realizar las interpretaciones y modificaciones que estime convenientes, como así también a dictar las normas reglamentarias”. Paglieri es la mano derecha del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fuentes del mercado indicaron que la impresión en papeles de seguridad tenderá a agilizar los trámites para importar. Semanas atrás, Paglieri se quejó ante empresarios porque debe firmar unas 4.000 declaraciones juradas al día. La nueva disposición evitaría la necesidad de firma, lo que habría más diligente el proceso.
Los 60 días corridos de plazo para ingresar la mercadería una vez que está autorizado el certificado de importación son ajustados para la operación, si se tiene en cuenta que un barco puede tardar hasta 45 días en llegar al país. Pero los importadores consideraron que el plazo es adecuado y que, en todo caso, será necesaria una renovación sin que medie un trámite engorroso.
Los certificados de importación son necesarios para ingresar productos que cuentan con posiciones arancelarias, como el papel, artículos para el hogar, juguetes, calzado, pelotas y productos textiles.
La medida tuvo que ser publicada ayer nuevamente, ya que el lunes había sido difundida “con un error de imprenta”.
El nuevo modelo de certificado de importación modifica la última versión de ese documento establecida el 14 de febrero del año pasado.

Negocian con Brasil levantar trabas mutuas

junio 28, 2012

Los gobiernos de la Argentina y Brasil están aprovechando la 43º Cumbre del Mercosur para avanzar en las negociaciones tendientes a resolver los problemas comerciales surgidos como consecuencia de las trabas que ambos países fijan para defender sus mercados internos.
Las secretarias de Comercio Exterior de la Argentina, Beatriz Paglieri, y del mayor socio del Mercosur, Tatiana Prazeres, mantuvieron ayer un nuevo encuentro bilateral en el que acordaron flexibilizar los controles que imponen en las fronteras para determinados productos considerados sensibles por ambas economías. La Argentina pidió por autos y economías regionales, mientras que Brasil reclamó por el ingreso de la carne de cerdo. Y según fuentes oficiales, “se avanzó mucho y hubo varios acuerdos”.
El encuentro se produjo en el hotel Intercontinental de esta ciudad, donde se desarrollará la cumbre entre hoy y mañana. Las funcionarias habían mantenido un primer encuentro el martes y según dijeron fuentes allegadas a Paglieri, las reuniones continuarían en el marco del cónclave.
La administración de Cristina Fernández reclama la apertura del mercado brasileño para las economías regionales, como por ejemplo la exportación de langostinos y de frutas, así como también de los autos, cuya venta a Brasil volvió a estar demorada por el gobierno de Dilma Rousseff. Según trascendió en las últimas horas, las autorizaciones de las licencias no automáticas para este rubro están tardando unos tres meses en lugar de los 60 días permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Brasil, por su parte, insiste en lograr el ingreso a la Argentina de la carne de cerdo, aunque también reclamó, a través de Prazeres, que el gobierno de Cristina Fernández le permita exportar autopartes, un sector que es fuertemente deficitario para el país y que el gobierno quiere proteger. “Se armó un paquete de productos que se van a flexibilizar de ambos lados, pero no se firmó nada; todo fue verbal, por lo que habrá que ver si se cumple en la práctica”, dijeron fuentes de la negociación.
Luego de reunirse con Paglieri, la secretaria de Comercio Exterior brasileña fue invitada a almorzar con el gobernador de la provincia, Francisco Pérez, y otros mandatarios de provincias vecinas, y a las 16 asistió a la sede de la Bolsa de Comercio para reunirse con un grupo de empresarios locales, que le plantearon sus quejas sobre las dificultades para acceder con sus productos a Brasil.

Frenan el ingreso de alimentos argentinos a Brasil

mayo 22, 2012

Brasil anunció ayer la implementación de una serie de medidas para dificultar el ingreso de productos argentinos a su mercado, en respuesta a las restricciones que ya aplica nuestro país.

El gobierno de Dilma Rousseff, que intenta reanimar su desacelerada economía con incentivos para los productores locales, decidió suspender el régimen de licencias automáticas de importación para una decena de productos perecederos, como manzanas, uvas, vinos y quesos, según informó la agencia Reuters, sobre la base de fuentes de Brasilia. Aunque las nuevas reglas se aplicarán a todos los países, las restricciones fueron diseñadas para la Argentina, uno de los mayores proveedores de esos productos, añadió una fuente del gobierno brasileño citada por Reuters.

Las medidas llegan más de tres meses después de que la Argentina introdujera controles de importación que contribuyeron a hundir casi un 30% las ventas de Brasil a su tercer mercado después de China y Estados Unidos.

La suspensión de las licencias automáticas de importación podría demorar en hasta 60 días el ingreso de los productos argentinos a Brasil.

El ministro brasileño de Agricultura, Mendes Ribeiro, había amenazado a mediados de abril con trabar la entrada de productos argentinos en respuesta a los obstáculos para las exportaciones de carne de cerdo brasileño.

Las restricciones argentinas habían irritado al gobierno de Rousseff, que, sin embargo, mantenía un tono conciliador y decía estar estudiando su impacto.

La reacción brasileña abortaría además una campaña de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) para aumentar las importaciones de la Argentina con la esperanza de recuperar el acceso a ese mercado.

“No había alternativa (…) No había voluntad de la Argentina de llegar a una solución. Brasil tuvo que reaccionar”, dijo a Reuters el presidente de la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne de Cerdo, Pedro de Camargo Neto.

Brasil había suspendido a fines de abril el ingreso de uvas frescas y pasas importadas de la Argentina con el argumento de que fue detectado un cargamento contaminado con la plaga Brevipalpus chilensis.

Las nuevas medidas, que afectan también a las papas y la harina de trigo, fueron tomadas por el Ministerio de Comercio Exterior y el de Relaciones Exteriores. La fuente dijo que el gobierno de Dilma Rousseff no haría un anuncio oficial para poner las medidas en vigor.

Misión de negocios
La decisión de aplicar barreras al ingreso de productos argentinos se conoció apenas unos días después de la misión de negocios que organizó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la ciudad de San Pablo.

El propio funcionario había adelantado que tras la misión había logrado “avances” en lo que respecta a la venta al vecino país de medicamentos, langostinos y naranjas..

FUENTE: La Nación