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“Siga, siga”: empresas prevén trabas a las importaciones para rato

octubre 1, 2015

01-10-2015 El secretario de Comercio, Augusto Costa, advirtió a cámaras empresarias que, de ganar las elecciones el FpV, continuará la administración del comercio

el caso de que el Frente para la Victoria gane las elecciones, se continuará con la política de administración del comercio.

Así lo confirmó el miércoles el secretario de Comercio, Augusto Costa, que se reunió con representantes de cámaras empresarias, de sectores importadores y exportadores.

También les solicitó a las empresas que antes del 19 de octubre presenten un formulariocon las proyecciones económicas para el próximo año, planes de inversión y estimaciones de niveles de empleo, según pudo saber el diario Ámbito Financiero.

El año pasado las compañías tuvieron que realizar un proceso similar, aunque con menos requisitos, para seguir obteniendo las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación(DJAI).

Todo esto pese a que en enero pasado la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló en contra de esta herramienta por considerar que funcionaba como una traba a las importaciones, y se acordó con ese organismo que este mecanismo finalice el 31 de diciembre próximo.

Desde entonces, en el Gobierno se encuentran rediseñando esta herramienta para adaptarla a las normas del organismo multinacional. Costa explicó que ahora tendrá como objetivo fines estadísticos y de análisis del comercio exterior.

Pero en la reunión del miércoles muchos empresarios entendieron que, más allá de los cambios, las palabras de Costa anticipaban que éstos no iban a modificar en esencia el espíritu de las DJAI, advirtió el matutino.

Inminente fallo de OMC por carne argentina

abril 24, 2015
Por: Pablo Jiménez

Como pocas veces se esperó con tantas ansias un fallo de la OMC puertas adentro del Gobierno. Es que en el próximo mes podría conocerse un fallo favorable para el país en la emblemática disputa con Estados Unidos por el ingreso de carne a territorio norteamericano que está bloqueada desde hace más de 14 años. 

Esta sería la primera sentencia favorable luego de que la Organización Mundial de Comercio le ordenará al gobierno desarmar el sistema de declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) a partir de una demanda conjunta de EEUU, la Unión Europea, Japón y una decena de países, entre ellos México.

La batalla de la carne data desde 2001 cuando tras el brote de aftosa, Washington prohibió el ingreso de carnes refrigeradas y sin hueso provenientes de la Argentina. Sin embargo, EEUU mantiene hasta el momento las trabas pese a que ya la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) calificó a la Argentina con el estatus sanitario de país libre sin vacunación en la Patagonia y país libre con vacunación en el resto del país. Esto fue avalado por el propio Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/APHIS), que determinó que “las medidas de vigilancia, prevención y control aplicadas por Argentina son suficientes para minimizar la probabilidad de introducción de la fiebre aftosa en los EEUU”. Pese a estos indicadores, el lobby de productores norteamericanos primaron y por eso en 2012 la Argentina recurrió al Órgano de Solución de Diferencias (OSD).

Hace poco más de un mes la OMC sacó una resolución preliminar favorable al país y criticó a EEUU por hacer caso omiso a las declaraciones de la OIE. Ahora se espera que en breve ese dictamen se convierta en un fallo firme, según supo ámbito.com de fuentes del organismo regulador de comercio mundial.

En caso de ser favorable, la reapertura no será inmediata, pero ambas partes deberán sentarse a negociar el flujo de ventas de carne, un negocio no menor a los u$s 350 millones. Pero desde el Gobierno saben que esa cifra puede engrosarse ya que no es sólo la apertura de embarques a EEUU, sino que esto destrabaría ventas a mercados importantes como el canadiense y el mexicano, con quienes se mantienen conversaciones avanzadas.

Hoy hay que hablar de un negocio potencial ya que desde 2006 hasta el año pasado, debido a los controles y pérdida de competitividad, las ventas de carne al exterior cayeron al punto que el país quedó fuera del top 10 de exportadores. Sin embargo, desde enero vienen creciendo a un ritmo acelerado que hicieron que en el primer trimestre del año ascendieran 48% respecto a 2014.

Ambito

Mientras la Argentina defiende las DJAI, la OMC pide al G20 eliminar proteccionismo

noviembre 7, 2014

En un informe publicado ayer, y a días de la Cumbre del G20 en Australia, la institución reveló que de las 1.244 medidas aplicadas desde el 2008, sólo 282 fueron removidas

A pocos días de que se realice la Cumbre del G20 en la ciudad australiana de Brisbane, a la que finalmente no viajará la presidenta Cristina Fernández, la Organización Mundial de Comercio (OMC) le reclamó ayer a los países miembros que reduzcan las medidas de protección de sus economías, tal como lo prometieron en la reunión del año pasado en San Petersburgo. El organismo publicó un informe ayer en el que detalla que de las 1.244 medidas de protección registradas entre octubre de 2008 y octubre de este año, sólo 282 fueron removidas, por lo que aún rigen 962 en los 19 países más la Unión Europea, que integran el G20. A su vez, el 12% de ellas comenzaron a aplicarse en el último año. “Las medidas restrictivas al comercio siguen aumentando, a pesar de las promesas”, afirmó el organismo en su documento, en el que insiste en remarcar los “daños del proteccionismo” y la necesidad de avanzar en la liberalización de la economía.
Este reclamo de la OMC se produce en momentos en que la Argentina mantiene un conflicto abierto con el organismo justamente por las trabas a las importaciones, que comenzaron con las licencias no automáticas y luego se transformaron en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
En respuesta a una demanda iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, a fines de agosto el organismo falló en contra de la Argentina al dictaminar que las herramientas que el Gobierno aplicó en los últimos años para limitar el ingreso de mercadería del exterior son “incompatibles” con la normativa del organismo. De todos modos, ahora resta un largo camino por recorrer hasta llegar, en el peor de los casos, a represalias por parte de los países afectados, ya que la Argentina optó por la apelación y llevar el caso hasta la última instancia judicial.
Como parte de la estrategia de defensa argentina, esta semana viajó a Ginebra, Suiza –donde tiene la sede la OMC– el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Adrián Nador. La Argentina comunicó a fines de septiembre su decisión de apelar el fallo ante el Organo de Apelación, en tanto que a los pocos días Europa presentó otra apelación. El objetivo de Nador es mantener un encuentro con este órgano de la OMC a los efectos de justificar la solicitud de apelación. “El gobierno argentino está buscando comprar tiempo y extender la no solución de este conflicto comercial para que el próximo Gobierno tenga que resolverlo”, consideró un analista de comercio exterior.
De acuerdo con el informe dado a conocer ayer por la OMC, desde el año en el que estalló la crisis (2008), las restricciones a las importaciones vigentes cubren alrededor del 4,1 % del valor de las importaciones globales de mercadería y alrededor del 5,3 % de las correspondientes al bloque G20, por un total de u$s 757.000 millones.
En su análisis, el organismo advirtió que la situación actual requiere que los países del grupo muestren “contención” a la hora de tomar decisiones relacionadas con ese tipo de medidas y avanzar en la eliminación de las que siguen en vigencia. Pero en un movimiento contrario, las economías del G20 han aplicado únicamente entre marzo y octubre pasados 93 nuevas medidas comerciales que obstaculizan el comercio, lo que equivale a 18 medidas por mes.

La OMC habilita a 43 países a limitar productos argentinos

julio 7, 2014

Por Martín Dinatale | LA NACION

Dos años y cuatro meses después de que un grupo de 43 países presentara en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno, la respuesta llegará en los próximos días y no serán buenas noticias para Cristina Kirchner: todo indica que se hará lugar a las quejas planteadas y, como contrapartida, se habilitaría a los países denunciantes a aplicar represalias comerciales similares a las que aplica la Argentina.

Según confiaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la diplomacia extranjera y local, la OMC entregó un informe confidencial a los países denunciantes y a la Argentina, en el que habilita a los países a fijar una “cláusula de retaliación”, o medidas espejo, contra la Argentina.

En la práctica esto será un duro golpe para el Gobierno, porque podría provocar que las exportaciones de la Argentina se vean reducidas drásticamente y caigan los ingresos en dólares que recibe el Banco Central.

La OMC establece en su reglamentación que este tipo de medidas no se pueden aplicar si el Gobierno apela la decisión y busca un acuerdo con aquellos países que lo denunciaron por prácticas restrictivas. Pero la amenaza está latente y podría generar “turbulencias comerciales”, como coincidieron las fuentes consultadas.

Si se toma en cuenta el flujo comercial que tiene la Argentina con los 43 países que presentaron quejas ante la OMC en marzo de 2012, el país podría ver afectado entre un 25 y un 30% de sus exportaciones al mundo.

En el caso de que todos los países denunciantes pusieran en marcha la sugerencia de la OMC, esto implicaría que el Gobierno pondría en riesgo unos 24.000 millones de dólares del ingreso que recibe anualmente por este flujo comercial, aunque aún no está claro si el paper confidencial de la OMC fija límites a la aplicación de retaliaciones en función del flujo global del comercio que tiene la Argentina.

“Hay mucha preocupación y vamos a estar atentos para apelar una eventual medida de esta envergadura”, dijo a LA NACION un destacado funcionario de la Cancillería que estaba al tanto del informe de la OMC.

De hecho, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya instruyeron al embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Alberto D’Alotto, para que intervenga con la firme intención de frenar una embestida de los 43 países denunciantes. La aplicación de las retaliaciones no se puede poner en marcha si antes no se define la apelación que presente la Argentina. El embajador argentino espera presentar esa apelación no bien se formalice y se haga público el paper de la OMC.

Fuentes diplomáticas extranjeras que pidieron no ser identificadas confirmaron a LA NACION la existencia del documento confidencial de la OMC, aunque lo más probable es que sean los embajadores designados en Ginebra quienes informen a la Argentina sobre los pasos a seguir.

Por lo pronto, entre fines de julio y los primeros días de agosto se realizará en Suiza otro panel de la OMC con la Argentina y los países denunciantes para evaluar la resolución del conflicto.

Por su reglamento interno, la OMC no puede emitir sanciones a la Argentina ante las denuncias presentadas, pero puede sugerir la aplicación de retaliaciones o medidas espejo, como lo hizo. No está claro aún si en el documento de la OMC se detalla el mecanismo para aplicar estas medidas. Es decir, si los países denunciantes pueden aplicar licencias no automáticas, aranceles especiales o la directa suspensión de algunos productos de la Argentina, como hizo el Gobierno con las importaciones. El grado de aplicabilidad de estas medidas definirá en qué medida las exportaciones argentinas pueden verse afectadas.

En marzo de 2012, la Argentina fue denunciada ante la OMC por sus prácticas de restricción de importaciones. Entre los 43 países que presentaron esa queja estaban los 28 Estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía, entre otros.

En aquel momento, y durante todas las exposiciones que hicieron los embajadores argentinos ante la OMC, el Gobierno desestimó las críticas y ratificó toda su política comercial.

En la queja formal que se presentó en la OMC hace dos años se cuestionó la práctica proteccionista que aplicó el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que contemplaba la aplicación de licencias de importación no automáticas, las regulaciones que requieren un registro previo de declaraciones juradas de los importadores y una aprobación muy detallada de cada transacción importante, entre otras medidas que consideraron “arbitrarias” o contrarias a las prácticas del mercado global.

En su presentación ante la OMC, los países denunciantes coincidieron en un documento en el que destacaron: “Todo indica que el nuevo sistema funciona como un esquema de facto de restricción de importaciones sobre todos los productos” en la Argentina. Moreno se fue a Italia, pero sus medidas continuaron en pie por obra del secretario de Comercio, Augusto Costa.

Puja de más de dos años

 

  • En marzo de 2012 unos 43 países presentaron ante la OMC una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que imponía el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
  • En los dos últimos años hubo paneles de debate y negociaciones en la OMC para arribar a un acuerdo entre las partes involucradas, pero no se llegó a una solución.
  • El Gobierno ratificó en todo momento su política comercial y desestimó las denuncias. La última presentación fue defendida por el actual secretario de Comercio, Augusto Costa.
  • Al no dar con una solución, la OMC envió un documento confidencial a las partes involucradas en el litigio, donde habilita a los países denunciantes a aplicar medidas espejo sobre los productos argentinos.
  • El Gobierno apelará esa decisión y la OMC deberá mediar nuevamente para evitar que se apliquen las retaliaciones.

La Unión Europea, a un paso de reformar su política de biocombustibles

junio 16, 2014

Los ministros del bloque llevarán al 7% el uso obligatorio de biocarburantes tradicionales, como el realizado con soja, en el transporte para 2020, y agregaron un 0,5% de caracter voluntario para los combustibles alternativos, basados en paja o residuos

Los ministros europeos de Energía de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo sobre la reforma de la política comunitaria sobre biocombustibles.

Los tradicionales, hechos a partir de cultivos, son mirados con recelo por algunos Estados miembros porque consideran que compiten con la producción de alimentos y que fomentan la deforestación.

Las normas que respaldaron este viernes los ministros en su reunión de Luxemburgo, y que aún deben ser adoptadas de manera formal por el Consejo, apoyan el uso de biocombustibles alternativos, fabricados a partir de paja o desechos, aunque no tienen carácter obligatorio.

España, inicialmente mostró sus reticencias a la propuesta por considerar que podría perjudicar a los países que han invertido en biocombustibles tradicionales, pero finalmente se mostró dispuesta a apoyar la reforma, indicó la agencia Efe.

La Comisión Europea planteó originariamente que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, la soja, el trigo, la remolacha o la colza, que pueden interferir en la producción de alimentos, supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020.

El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.

Según el acuerdo celebrado este viernes por los ministros, se eleva ese umbral para biocombustibles tradicionales al 7%, pero se incluye también un objetivo voluntario del 0,5 % para los de nueva generación que antes no existía.

Los países tendrán, por otro lado, que medir el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción de biocombustibles, por ejemplo si se tala un bosque para dedicar los terrenos a estos cultivos, lo que se conoce como “emisiones indirectas ILUC”.

La Argentina avanzó ante la OMC por una medida de la UE que frena la venta de biodiésel

marzo 17, 2014

Luego de fracasadas consultas formales iniciadas en diciembre, el Gobierno pidió la conformación de un grupo de expertos, que deberá dirimir el conflicto. Sector caído

por NATALIA DONATO Buenos Aires

Después de haber iniciado consultas formales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre –inmediatamente luego de que la Unión Europea fijara de forma definitiva los aranceles a la importación de biodiésel argentino–, la Argentina finalmente solicitó el jueves de la semana pasada la constitución de un panel para intentar revertir la medida europea que generó un daño a la industria argentina por unos u$s 1.500 millones anuales.
Los argumentos planteados por la Cancillería radican en que son medidas arbitrarias e injustas y que perjudican severamente al sector. El grupo de expertos que se conformará deberá dar un dictamen preliminar en un plazo de seis meses para dar la respuesta definitiva al año. Europa seguramente apelará y la OMC se tomará luego otro semestre para anunciar la decisión final.
La UE impuso a fines de noviembre un arancel a las importaciones de biodiésel argentino de entre el 20 y el 26%, a partir de detectar mediante una investigación antidumping que los productores argentinos vendieron el biodiésel por debajo del costo de producción en el mercado europeo.
Cuando Europa confirmó la medida a fines del año pasado, el gobierno argentino inició consultas formales con la Comisión Europea que no resultaron satisfactorias, razón por la cual decidió avanzar un casillero para intentar resolver la controversia. De todos modos, la Argentina tiene limitada la venta de biodiésel a Europa desde mediados del año pasado, cuando fue tomada la medida de forma transitoria, y todo camino iniciado en la OMC tarda en resolverse casi dos años.
En octubre, la Cancillería había advertido que recurriría al órgano internacional para resolver el conflicto, ya que “la medida adoptada por la UE, de claro corte proteccionista, implica en los hechos el cierre del mercado europeo para un producto argentino cuyas exportaciones a dicho destino tuvieron como pico máximo el 2011, con envíos por u$s 1.847 millones”.
La medida europea destruyó a la industria, también golpeada por los bajos precios fijados para el mercado interno. Según afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, de las 4,6 millones de toneladas de capacidad instalada que tiene el sector, el año pasado no se llegó a producir ni 2 millones, de los cuales 1,1 millón se colocaron en el mercado externo y 900.000 toneladas en la plaza doméstica.
A nivel externo, “se sigue exportando algo a Europa porque existe un mercado voluntario, que es el que paga el biodiésel cuando en términos relativos en más barato que el gasoil. Pero las ventas son marginales y a bajo precio”, manifestó el directivo. A algunas empresas les conviene porque, si bien no ganan, al menos cubren parte de los costos fijos, agregó Molina.
La Argentina es el primer productor mundial de biodiésel fabricado con aceite de soja y había exportado en 2012 1,6 millones de toneladas, el 90% para el mercado europeo. Hoy el sector está prácticamente paralizado. 
En el mercado interno, la ley 26.093 –sancionada a mediados del 2006– establece que el gasoil tiene que tener un mínimo de 5% de biodiésel, que a partir de febrero de este año debía ser del 10%. Sin embargo, el mes pasado el corte no superó el 4% dado que no había precio publicado y “se estimaban que iban a ser muy malos, como finalmente sucedió”, dijo Molina.
Los precios fueron publicados el jueves de los últimos tres meses y no colmaron ni cerca las expectativas de los empresarios.

CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LA OMC: QUÉ ESTÁ DISCUTIENDO LA ARGENTINA EN ESTE TIEMPO (Y CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS)

febrero 6, 2013

En los últimos días, fue noticia de los principales medios de comunicación el hecho de que Argentina contempla afrontar en los próximos meses situaciones relacionadas con dirimir conflictos comerciales dentro de la OMC, ya sea como demandante o como demandada. Para el público en general, en ocasiones, es complejo comprender a qué se enfrenta nuestro país cuando se abordan estos temas, e incluso algunas de las informaciones publicadas no exhiben la profundidad que estos temas merecen. Por este motivo, me permito en esta ocasión hacerles llegar un breve resumen respecto de lo que se está discutiendo (y se va a discutir) en la OMC.
 
El 28 de enero de 2013, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan la importación de mercancías”. En respuesta a una solicitud de Argentina, se formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de Argentina”.

El sistema multilateral de comercio, tal como se lo entiende en la actualidad, abarca un conjunto de normas e instituciones destinados a regular las condiciones del intercambio de bienes y servicios. Hasta el año 2011, más de 500 casos se han resuelto bajo el mecanismo de solución de controversias dispuesto en el marco de la OMC, organización que en inglés se conoce como WTO (World Trade Organization). El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema multilateral de comercio, ya que sin un medio de solución de diferencias, el sistema basado en normas sería menos eficaz puesto que no podrían hacerse cumplir las normas. El sistema se basa en normas claramente definidas, y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Esto es así porque en el antiguo GATT existía un procedimiento de solución de diferencias, pero no preveía plazos fijos. Por lo tanto, era más fácil obstruir la adopción de las resoluciones y, en muchos casos, pasaba mucho tiempo sin que se llegara a una solución concluyente.

En este sentido, el Acuerdo de la Ronda Uruguay estableció un procedimiento más estructurado, con etapas más claramente definidas. Implantó una mayor disciplina en cuanto al tiempo que debía tardarse en resolver una diferencia, con plazos flexibles para las diversas etapas del procedimiento. Además, se hace hincapié en que para que la OMC funcione eficazmente, es esencial la pronta solución de las diferencias. A tal efecto, las primeras resoluciones son adoptadas por un grupo especial y respaldadas (o rechazadas) por la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible apelar basándose en cuestiones de derecho.

Ahora bien, lo importante no es dictar sentencia: la cuestión prioritaria es resolver las diferencias, de ser posible mediante la celebración de consultas. Hasta 2010, solo en 130 de los 332 casos planteados se llegó al final del procedimiento del grupo especial. En cuanto al resto de los casos, en la mayoría de ellos se notificó su solución “extrajudicial” o seguían siendo objeto de un prolongado proceso de consultas, algunos desde 1999. Las diferencias que surgen en la OMC se refieren esencialmente a que cuando los Miembros de la OMC estimen que otros Miembros han infringido las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar medidas unilateralmente. Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que otro país u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos. Se establecen con gran detalle el procedimiento y el calendario que han de seguirse al resolver las diferencias. Un caso que siga su curso completo hasta la primera resolución no debe durar normalmente más de un año, o 15 meses en caso de haber apelación. Los plazos convenidos son flexibles y, si se considera que un caso es urgente, se acelera en la mayor medida posible su solución.

Por otro lado, el Acuerdo determina también que sea imposible que el país que pierda un caso obstruya la adopción de la resolución. Con arreglo al anterior procedimiento del GATT, las resoluciones únicamente podían adoptarse por consenso, lo que significaba que una sola objeción podía bloquear la adopción. Actualmente, la resolución se adopta automáticamente a menos que haya consenso para rechazarla. Es decir, si un país desea bloquear la resolución, tiene que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC (incluido su adversario en la diferencia). Aunque el procedimiento es en gran parte análogo al de un tribunal o corte de justicia, la solución preferida es que los países afectados examinen sus problemas y resuelvan la diferencia por sí solos. Así, pues, la primera etapa es la celebración de consultas entre los gobiernos parte en la diferencia. Aun cuando el caso siga su curso y llegue a otras etapas, sigue siendo siempre posible la celebración de consultas y la mediación.

La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de Diferencias u OSD (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los Miembros de la OMC. El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer “grupos especiales” de expertos para que examinen la diferencia, y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones, y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.

A modo de síntesis, en una primera etapa, se efectúan consultas ya que, antes de adoptar cualquier otra medida, los países parte en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. En una segunda etapa, y si en las consultas celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial. El país “acusado” puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el OSD se reúna por segunda vez (a menos que haya consenso contra la constitución del grupo especial). Oficialmente, el grupo especial ayuda al OSD a dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los Acuerdos invocados. Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de urgencia, por ejemplo, de tratarse de productos perecederos, ese plazo se reduce a tres meses.

En el acuerdo, se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Antes de la primera audiencia, cada parte en la diferencia expone por escrito sus argumentos al grupo especial. En la primera audiencia con el grupo especial, el país reclamante (o los países reclamantes), el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia exponen sus argumentos. Los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. Cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de expertos para que prepare un informe al respecto. Así, el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. No se incluyen las constataciones y conclusiones. 

A continuación, el grupo especial da traslado de un informe provisional (en el que sí se incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana para que soliciten un reexamen, que no debe exceder el plazo de dos semanas. Durante ese tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia.
 
Por último, se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción a un Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con  dichas disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podría hacerse.  Transcurridos 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del OSD, a menos que se rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar, y para hacerlo deben basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica. No es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones.

Cada apelación es examinada por tres miembros de un Órgano Permanente de Apelación, establecido por el OSD e integrado por siete miembros representativos, en términos generales, de la composición de la OMC. Los miembros del Órgano de Apelación son nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén vinculadas a ningún gobierno. La apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días, y en ningún caso excederá los 90 días. El OSD tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días, y únicamente puede rechazarlo por consenso.

Una vez resuelto el caso, el país que debe rectificar alguna cuestión debe hacerlo rápidamente. Si sigue infringiendo un acuerdo, debe ofrecer una compensación o sufrir una sanción adecuada que le haga cierto efecto. Incluso una vez decidido el caso, todavía hay que hacer algo antes de la imposición de sanciones comerciales (que es la pena que suele imponerse). La cuestión prioritaria en esta etapa es que el “demandado” perdedor modifique su política de conformidad a la resolución o recomendación. En el acuerdo sobre la solución de diferencias se hace hincapié en que “para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD”.

Si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del grupo especial o del órgano de apelación. Debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En caso de que no sea factible cumplir de inmediato las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un “plazo prudencial” para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de interés especial para la parte reclamante.

La situación evolutiva existente entre el conjunto jurídico de los Acuerdos y el universo más amplio del derecho internacional público debe ser considerada de manera fundamental, ya que en nuestro caso responde a realidades específicas de la estructura productiva nacional. En ese sentido, reclamamos o nos reclaman porque hay un interés comercial concreto que puede afectar la generación de negocios externos.

En resumen, lo que se está discutiendo en relación con nuestro país es lo siguiente:

Argentina como demandada: demandas contra el supuesto proteccionismo que despliega el gobierno, presentadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, unificadas en un solo caso.

Argentina como demandante: se conformó un tribunal para analizar la denuncia argentina contra Estados Unidos por las trabas que el país del Norte impone a la carne y el limón producidos en el país.

Preguntas y respuestas:

P: En ambos casos, ¿se puede esperar una resolución inmediata de los temas planteados?
R: No. Si no se llega a un acuerdo previo y el proceso sigue su rutina hasta el final, la resolución puede demandar entre 14 y 15 meses, o incluso más.

P: La eliminación de las licencias no automáticas por parte de la Argentina, ¿ayuda a descomprimir la situación?
R: Si, pero no del todo debido a la persistencia del régimen de DJAI.

P: Si en un futuro no muy lejano, Argentina elimina el régimen de DJAI, ¿continuarían las acciones del panel contra Argentina?
R: No, perderían su mayor sustento argumentativo.

P: ¿Están relacionadas ambas acciones?
R: Desde un punto de vista objetivo no, dado que, como mencioné en el párrafo anterior, si Argentina elimina el régimen de DJAI, las denuncias en su contra perderían sustento. La demanda Argentina contra las trabas en Estados Unidos podría continuar su curso, ya que las razones que esgrime Estados Unidos para no permitir el ingreso de productos argentinos tienen carácter sanitario y no de licencias.

P: ¿Las denuncias solo persiguen un fin comercial o está incluido el aspecto político?
R: Como las denuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas.

P: ¿Afectan en algo a nuestro país las denuncias efectuadas?
R: No en lo inmediato, pero puede haber correlatos políticos o económicos de acuerdo a lo mencionado más arriba.

P: ¿Es el régimen de DJAI, el principal argumento de los demandantes, un régimen “ilegal” realmente?
R: No. Tal como fue mencionado en informes anteriores, es un régimen previsto incluso dentro de la misma OMC, pero debe observar transparencia y legalidad, y su aplicación no se puede prolongar excesivamente.

P: ¿Tiene la Argentina buenos negociadores para afrontar las demandas?
R De primerísimo nivel, pero como se mencionó, las negociaciones también contienen un rasgo político inevitable.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional, o puede dejar su comentario en el vínculo que se proporciona a continuación.
 
Mg. Néstor Pablo Aleksink
Especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Director Ejecutivo
Programa Argentina Exporta

Se formaron los grupos especiales que estudiarán las diferencias de la Argentina con la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón

enero 30, 2013

El 28 de enero de 2013 el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) creó un grupo especial único encargado de examinar las reclamaciones de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón en la diferencia “Argentina — Medidas que afectan a la importación de mercancías”. Respondiendo a una solicitud de la Argentina, formó un grupo especial que examinará la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan a las importaciones de animales, carne y otros productos de origen animal provenientes de la Argentina”. Atendiendo a una solicitud de Antigua y Barbuda, el OSD aceptó que se suspendiera la aplicación a los Estados Unidos de concesiones y otras obligaciones, de conformidad con la decisión del Árbitro en relación con la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas”.

DS438; DS444; DS445: Argentina — Measures Affecting the Importation of Goods

The EU, US and Japan reiterated their concerns expressed at the December 2012 DSB meeting regarding Argentina’s measures for the importation of goods which appeared to be inconsistent with the GATT 1994 and the Import Licensing Agreement.  In that regard, the EU, US and Japan requested the DSB, for the second time, to establish a panel to examine this matter. 

Argentina said that it had repealed the automatic import licences as well as all the non-automatic import licences as of 25 January 2013.  In that regard, Argentina was of the view that the requests for the establishment of a panel were unfounded but understood that, pursuant to Article 6.1 of the Dispute Settlement Understanding (DSU), a panel would be established. However, Argentina noted that, in view of the repeal, the panel should not rule on measures that were not in force at the time of panel composition. 

Japan, the US and the EU said that the information provided by Argentina on the repeal of measures should not affect the panel’s terms of reference and did not share Argentina’s assertion that the matter had been resolved.  Further to their second requests for the establishment of a panel, the DSB established a single panel pursuant to Article 9.1 of the DSU, with standard terms of reference to examine the complaint by the EU contained in document WT/DS438/11, the complaint by the US contained in document WT/DS444/10 and the complaint by Japan contained in document WT/DS445/10

Australia, Canada, China, Ecuador, EU, Guatemala, India, Japan, Korea, Norway, Saudi Arabia, Switzerland, Chinese Taipei, Thailand, Turkey and the US reserved their third-party rights to participate in the panel’s proceedings.

 

DS447: US — Measures Affecting the Importation of Animals, Meat and other Animal Products from Argentina

Argentina reiterated its concern, as expressed at the December 2012 DSB meeting, regarding certain US measures that affected Argentine imports which it considered to be inconsistent with, inter alia, the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreement and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.  Thus, Argentina requested, for the second time, the DSB to establish a panel to examine this dispute. 

The US said that it was disappointed that Argentina had chosen to request panel establishment for the second time but was ready to defend its measures which were fully compliant with its WTO obligations.  The DSB established a panel, in accordance with Article 6 of the DSU, with standard terms of reference, to examine this dispute. 

Australia, China, EU, India and Korea reserved their third-party rights to participate in the panel’s proceedings.

Avanza queja mexicana contra el país en OMC

noviembre 30, 2012

México DF – El Gobierno mexicano pidió ayer de manera formal a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la conformación de un panel arbitral para impugnar las medidas argentinas que, en su opinión, afectan a las exportaciones mexicanas.

La Secretaría de Economía del país norteamericano precisó en un comunicado que presentó la solicitud al considerar que las medidas adoptadas por la Argentina «restringen la importación de mercancías dentro de su territorio y discriminan entre mercancías nacionales e importadas», contraviniendo las reglas de la OMC. Esta petición da seguimiento a las consultas iniciadas por México el pasado 24 de agosto, las cuales se llevaron a cabo de forma coordinada con Estados Unidos y Japón.

Entre las medidas impuestas por el Gobierno argentino, la nota mexicana cita la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y las licencias no automáticas en forma de certificados de importación, que pueden ser negadas para retrasar o rechazar las importaciones.

El Gobierno mexicano indicó que la Argentina somete la importación de mercancías «a la validación de la DJAI», un documento utilizado como un filtro al ingreso de productos con «criterios discrecionales que retrasan o restringen las importaciones».

Además, criticó que la Argentina exija a importadores de mercancías que asuman ciertos compromisos, entre ellos limitar sus importaciones y equilibrarlas con las exportaciones, realizar inversiones en instalaciones productivas del país y controlar los precios de sus mercancías.

El comunicado destacó que México ha estado trabajando de manera coordinada con EE.UU., Japón y la UE en la solicitud del panel, que «una vez integrado conocerá de la controversia y resolverá el conflicto entre las partes», un proceso que puede prolongarse años.

Controversia

La controversia surgió a raíz de la decisión adoptada por el Gobierno argentino en junio pasado de suspender por tres años la aplicación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el sector automotor con México.

México calificó la decisión argentina como unilateral al asegurar que el concepto de suspensión que utilizó para frenar el comercio de autos es ajeno a todo principio de derecho internacional y a las prácticas comerciales.

Aseguran que la UE prepara queja contra Argentina ante la OMC

abril 24, 2012

La Unión Europea está preparando una queja contra Argentina ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por restricciones a la importación y quiere que otros de sus socios comerciales apoyen el reclamo, según difundió la agencia Reuters citando una fuente con conocimiento de la situación.

“Este es un proceso que está avanzando pero tomará algún tiempo antes de que sea oficial. Naturalmente, buscaremos que otros nos acompañen”, dijo la fuente, en un reporte realizado por el periodista Tom Miles.

Probablemente es una cuestión de semanas antes de que la Unión Europea inicie el caso, añadió.

Fuente: cronista